(*) Artículo publicado en el sitio www.londres38.cl
Entre las declaraciones más graves están las del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien propone «una revisión generalizada sobre la situación de la gente que está cumpliendo condena en las cárceles», sin hacer mayor distinción entre aquellos que han cometido delitos comunes y aquellos que son asesinos múltiples.
El alto magistrado, al referirse a los beneficios extracarcelarios que podrían obtener los reclusos, dijo que «si yo me porto bien, aun cuando me porté mal y me sancionaron, tengo derecho a una salida, a una rebaja, a visitas. Los reglamentos son tan estrictos e injustos, una falta mínima en la conducta por reglamento les hace perder todo lo acumulado». El magistrado omite que estos criminales han mentido reiteradamente a la justicia, han ocultado sus huellas en los crímenes, e incluso algunos de ellos han intentado incumplir los fallos judiciales.
Dolmestch afirma que «los presos son los mismos, los condenados son los mismos, las personas tenemos derecho. Los delitos no son los mismos, ya lo sancionaron y tienen penas altísimas (…) Soy un convencido de que la misericordia es para todos».
Para justificar esta posición el ministro Dolmestch afirma que «lo más importante es la verdad», no la sanción. El problema es que en Chile no ha habido ni lo uno ni lo otro, entonces hay que decir la verdad -toda la verdad- a la sociedad chilena: que en los casos de detenidos desaparecidos la verdad no ha sido establecida y que los responsables han callado impidiendo el establecimiento de esa verdad y hacer justicia. El pacto de silencio es una realidad que oculta la verdad sobre los crímenes.
Después de más de 40 años, el balance de la justicia es limitado: los tribunales apenas han establecido el paso de las víctimas por los centros de detención, tortura y exterminio -lo que ya sabíamos y establecimos durante los primeros años posteriores a las detenciones-cerrando las investigaciones en ese punto y renunciando a establecer lo sucedido con posterioridad a sus traslados desde estos lugares y el destino final de más de un millar de personas desaparecidas.
La verdad es que después de 40 años, de los 1.193 casos de personas detenidas y desaparecidas en todo Chile, apenas 88 han sido encontradas e identificadas; es decir solo el 7%. En contrapartida, de 1,373 ex agentes procesados, acusados y condenados, apenas 117 cumplen prisión efectiva.
Las autoridades políticas tampoco han actuado en consecuencia con la gravedad de los crímenes y sus efectos sobre el presente. En este escenario es inaceptable que se otorguen beneficios para los condenados que en su inmensa mayoría no han colaborado con la justicia y siguen manteniendo un pacto de silencio respecto a la suerte de los detenidos desaparecidos.
Tanta impunidad termina por permear el presente y la vida diaria de chilenos y chilenas. Se criminaliza la protesta social, se impone el estado de excepción en el territorio mapuche y, pese a las promesas electorales, la justicia militar sigue siendo la utilizada para crímenes de civiles, absolviendo a los militares o policías responsables de crímenes y abusos contra civiles cometidos en la actualidad. como ha sucedido con la desaparición forzada de José Huenante (2005) en Puerto Montt y de José Vergara en Alto Hospicio (2015), el crimen de David Riquelme bajo estado de sitio en Talcahuano (2010) y el asesinato de Manuel Gutiérrez en Santiago (2011).
