Tras los escándalos de colusión revelados por la prensa, (Pollos, Farmacias, papel higiénico), el Senado informó de un avance trascendental tuvo el proyecto que busca sancionar penalmente la colusión, luego que la Comisión de Constitución del Senado estableciera que la acción penal para perseguir el delito de colusión va a ser iniciado por la Fiscalía Nacional Económica una vez que se termine el procedimiento administrativo de sanción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), así lo aprobó –el jueves 17 de marzo- la Comisión de Constitución del Senado, en el marco del estudio en particular del proyecto que busca tipificar y sancionar penalmente la colusión.
Así lo informó el nuevo presidente de dicha comisión, senador Pedro Araya tras explicar que también se logró establecer «un plazo especial de prescripción de estos delitos en 10 años después que ha terminado la investigación administrativa de forma tal que el Ministerio Público efectivamente pueda perseguir la responsabilidad penal de aquellas personas que han incurrido en el delito de colusión».
Cabe recordar que el objetivo de la iniciativa es introducir la sanción penal a la colusión, que actualmente es sancionada con multa. De este modo, se estableció que dicho delito contempla una pena que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel y que durante el primer año de la pena se suspenderá cualquier sanción sustitutiva que se haya impuesto, lo que implica que a todo evento, el primer año de la condena el culpable lo va a pasar en la cárcel.
Asimismo, se estableció una pena de inhabilitación absoluta que puede fluctuar entre los 7 años y 1 día a 10 años, para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad anónima abierta, especial de una empresa del estado y el cargo de director o gerente en una asociación gremial o profesional.
Además, se estableció que el inicio de la acción penal requiere de dos elementos: que exista una sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condene a alguien por colusión y que la Fiscalía Nacional Económica ejerza la acción penal presentado la correspondiente querella ante el tribunal de garantía para que el Ministerio Público siga con el caso.
Según explicó el senador Araya «a este proyecto le quedan todavía varios capítulos para despachar, entre otros, poder abocarnos derechamente a los temas de libre competencia, lo que es integración vertical, así como también lo que es la composición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros».
