El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó este miércoles al ex senador y ex ministro del Partido Socialista, Carlos Ominami, por delitos tributarios en el marco de la investigación del caso SQM, quedando con arraigo nacional.
El Servicio de Impuestos Internos (SII), como querellante en la causa, y el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, solicitaron firma quincenal y arraigo nacional como medidas cautelares para el actual presidente ejecutivo de la Fundación Chile 21.
Defensa se luchó contra el arraigo
Pero el defensor público Carlos Mora, quien representa a Ominami, sostuvo que se oponen al arraigo nacional debido a los viajes que debe hacer el ex parlamentario al extranjero, insistiendo en su inocencia.
Finalmente, la jueza Ema Tapia dio por acreditados los delitos, dejando a Ominami con arraigo nacional, aunque desestimó la firma quincenal.
Posterior a esta decisión, la Fiscalía solicitó cinco meses de extensión del plazo de la investigación, lo que fue acogido por el Tribunal.
Confirmado arresto domiciliario a Contesse
En la audiencia también se formalizó al ex gerente general de SQM Patricio Contesse, quien ya había sido formalizado en el marco del mencionado caso, quedando en aquella oportunidad con arresto domiciliario total y arresto domiciliario parcial.
En esta ocasión, se confirmó el arresto domiciliario del ex ejecutivo de la minera no metálica.
Defensa de Ominami culpa a Milton Lee
La formalización se da tras la declaración de Milton Lee, ex tesorero del Partido Socialista, tienda en la que militó Ominami, en la que reconoció la emisión de ocho facturas para la empresa minera no metálica, las cuales iban dirigidas a la campaña de Ominami al Parlamento, pero la defensa de Ominami, asegura que la real responsabilidad es del propio Lee.
Contesse- Longueira
Por su parte, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, fue consultado con los correos electrónicos que envió el ex gerente general a Pablo Longueira en 2010, con la redacción de un artículo que establecía beneficios tributarios para ella misma, que después fue acogido por el Gobierno y aprobado de manera casi textual por el Congreso.
«Nosotros hemos sostenido que los correos fueron obtenidos de manera ilícita y que se está violando el principio de presunción de inocencia con el uso que se está haciendo de ellos a través de los medios de comunicación», aseveró.
