Poco a poco estamos conociendo en detalle los alcances de la ley de inclusión escolar que entra a regir hoy, la que si bien aporta grandes modificaciones, también genera un nuevo debate en el ámbito microsocial y familiar.
Para la docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico y experta en infancia y adolescencia, Susana Arancibia, esta ley da muestra de los acelerados cambios que vivimos como sociedad y de los cuales no siempre estamos tan conscientes, aunque nos afectan directamente en la vida cotidiana. “La sociedad chilena está transitando hacia nuevas realidades y muestra de aquello constituye la legislación que se ha implementado en los últimos años, como la ley que modifica el fuero maternal, la ley de coparentalidad, la ley de antidiscriminación y la de acuerdo de unión civil, entre muchas otras”, comenta.
A través de un proceso paulatino, esta nueva ley busca terminar con la selección de ingreso de los alumnos a determinados colegios, ya sea por calificaciones, estado civil de sus padres, creencias religiosas o antecedentes socioeconómicos. “Pretende dejar atrás un paradigma discriminador en la vida de los niños, tan relevante como fue el establecimiento de la igualdad de los hijos al nacer con independencia de la situación legal o matrimonial de sus padres. En tal sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar un trato igualitario para todos los niños y niñas de nuestro país, y si bien sabemos que falta mucho en esta materia, la ley proporciona un marco clarificador en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño validado por Unicef”, explica la especialista.
En esta misma línea, la asistente social explica que la ley establece que los colegios no podrán impedir el ingreso a la sala de clases por falta de útiles o textos de estudio. “Si bien confiere a los establecimientos educacionales la posibilidad de sanción acorde a sus reglamentos internos cada vez que esto ocurra, de ninguna manera limitarán el acceso a la educación. Este mismo criterio se aplicará respecto de la apariencia de los estudiantes”, agrega, lo que ya está siendo motivo de controversia.
“Dentro de cada institución educativa existen reglamentos más o menos estrictos referidos al uso del uniforme o presentación del estudiante. Probablemente este sea el punto que genera mayor polémica a nivel intergeneracional, en el sentido de preguntarnos en los tiempos actuales cuál es el sentido del uniforme escolar”, señala.
Haciendo historia, la profesora indica que en la década de los ’60, con la reforma educacional del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se visualiza la necesidad de igualar los uniformes de los estudiantes a nivel nacional, sin embargo recién en 1979 esto se hace obligatorio. “Los objetivos de tal medida apuntaban a contribuir al orden y presentación personal de los escolares, tanto dentro como fuera del establecimiento educacional, además de que el uniforme estableciera una identidad para los estudiantes y la consecuente economía para los padres y apoderados. Dicha normativa alcanza a durar 17 años, derogándose en 1996. A partir de esta fecha los colegios comienzan a modificar sus uniformes acorde al reglamento establecido por cada institución e incluso algunos optan por no uniformar a sus estudiantes”, relata.
Así, en la actualidad existen distintos puntos de vista respecto al uso del uniforme escolar. “Desde la perspectiva adulta y concretamente de los padres, el uso del uniforme significa una clara economía familiar en la medida que simplifica el gasto en vestimenta. Para niños y adolescentes la ropa de colegio no es cuestionable, no se asocia a modas y elimina así toda posibilidad de discriminación por el tipo de atuendo utilizado; frena la competencia principalmente entre adolescentes y desincentiva prácticas propias de una cultura desechable y consumista”, plantea Susana Arancibia.
Por otro lado, el uniforme permite a los adultos identificar claramente a los escolares, lo que en muchos casos se transforma en un factor protector para los mismos niños. “Somos una generación acostumbrada a ver a nuestros niños con uniforme, atribuyéndoles el rol de estudiante, situación que al mismo tiempo se convierte en una instancia de control, por ejemplo en lo referido a salidas o abandonos no autorizados del colegio o la mentada ´cimarra´”, ejemplifica.
La especialista también le atribuye al uniforme una importancia relacionada al rol del estudiante en la sociedad. “A través de su uniforme, la sociedad también le atribuye al estudiante un comportamiento esperable y su no cumplimiento se transforma en rechazo social. En tal sentido, este proceso identitario enseña tempranamente a cada niño la importancia del desempeño del rol”, aclara.
Los argumentos anti-uniforme
Desde el mundo joven y adolescente, principalmente, existe una serie de argumentos que promueven la libertad de apariencia en la presentación personal de los escolares. Entre ellos, la docente de la U. del Pacífico dice que apelan a la libertad de expresión, ya que plantean que la persona no cambia con el uso o no de uniforme. “Aquel escolar que no ha logrado internalizar las normas mínimas de comportamiento, transgredirá la ley, las normas y costumbres con independencia de la ropa que utilice”, precisa Susana Arancibia.
Asimismo, alguien que se viste diferente al resto, tan propio de la etapa adolescente, no evidencia mayor o menor capacidad cognitiva y sólo muestra una imagen que por el momento lo representa. “Además, aseguran que los valores no debieran asociarse a tipos de vestimenta, pues esto implica una nueva forma de discriminación”, añade la docente.
Por otro lado, los jóvenes dicen que la comparación y la competencia por la forma en que se visten es una muestra de la mentalidad existente en la sociedad, la cual no se restringe con el uso del uniforme. Finalmente, invocan el derecho de estudiar con independencia de su apariencia y que la conformación de la identidad personal debiera ser considerada como elemento esencial en el mundo académico. “La búsqueda y promoción de habilidades únicas y particulares para cada individuo no se condicen con la uniformidad del grupo”, agregan.
Tal como se observa, son muchas las aristas implicadas en este proceso. “Sin embargo, todo parece apuntar a que la discusión y acuerdo entre las partes no será fácil, puesto que hay miradas distintas frente a un mismo fenómeno. Lo que sí queda en evidencia es que las generaciones más jóvenes piensan y se manifiestan de manera distinta a como lo hacen los adultos, promoviendo un cambio social y cultural del cual somos parte. En este difícil contexto el Estado debe legislar y, lo más importante, resguardar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, con independencia de su apariencia personal”, concluye la docente de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico.
