Las autoridades chilenas están siguiendo de cerca la disputa de Nicaragua y Colombia, luego de que La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua y acogió dos recursos presentados por ese país reclamando “una plataforma continental extendida” más allá de las 200 millas y denunciando a Colombia por el incumplimiento del fallo dictado por esa misma instancia en noviembre de 2012, en el que entregó a Managua cerca de 72 mil kilómetros cuadrados de mar territorial entorno a la isla colombiana de San Andrés.

La atención chilena en este caso se debe a las implicancias que podría tener en el debate sobre el retiro del Pacto de Bogotá, surgido tras el rechazo de las excepciones preliminares contra la demanda de Bolivia en septiembre pasado. Por ello, inmediatamente después de conocida la resolución de la Corte, la embajada de Chile en La Haya envió un informe a Santiago precisando el contenido del fallo y sus principales consecuencias.

El tema, además, será tratado la próxima semana en París cuando se reúna en esa ciudad el equipo de abogados chilenos con el agente José Miguel Insulza y los coagentes Claudio Grossman y María Teresa Infante.

Pese a que en la Cancillería admiten que en el último tiempo bajó la presión sobre el retiro del Pacto de Bogotá, se reconoce que los alcances del fallo Nicaragua-Colombia podrían reavivar el debate.

Los reclamos de Nicaragua, presentados en septiembre y noviembre de 2013, fueron considerados “admisibles” por la Corte en una estrecha votación de ocho contra ocho, con el voto decisivo del presidente del tribunal, el francés Ronny Abraham. Con ello se debe dar inicio al juicio. La decisión fue celebrada por el gobierno nicaragüense donde lo calificaron de “una gran victoria”, mientras que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos,  rechazó la resolución, asegurando que la Corte no tiene competencia y que su país no seguirá compareciendo ante esa instancia. “Tenemos claro, muy claro, que cualquiera que sea el resultado final (del proceso) los límites marítimos de nuestro país solo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el artículo 101 de nuestra propia Constitución y como lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones”, agregó Santos, señalando que la Corte incurrió en contradicciones de fondo.

Antecedentes

Luego del fallo de la Corte de La Haya de noviembre de 2012, el gobierno de Colombia había anunciado que la resolución era “inaplicable” y que su país se retiraba del Pacto de Bogotá que faculta a las naciones firmantes a dirimir sus diferencias ante esa instancia internacional, dependiente de Naciones Unidas. Por ello, entre las excepciones preliminares presentadas contra las nuevas demandas de Managua el equipo de defensa colombiano había incluido una que señalaba que la Corte no tenía competencia en ver el tema porque Colombia se había retirado del Pacto.

Efectos

La decisión del presidente Santos de no seguir compareciendo ante la Corte deja al país en una posición compleja, cuyos efectos aún no son posibles de medir. Además, se desconocen los pasos que seguirá Colombia luego que la Corte cite a ambos países para fijar los plazos de la memoria y la contramemoria. Hay otros países que también han desconocido la competencia de la Corte tras un fallo adverso, como Pakistán, igual decidieron enviar un escrito al tribunal, mientras otros optaron por no presentarse bajo ninguna circunstancia.