Este martes, diputados de diversas bancadas cuestionaron la aprobación en el Senado de la norma que sancionaría con cárcel la filtración de información de investigaciones judiciales, en el marco de la tramitación de la agenda corta antidelincuencia, que ya se ha denominado “Ley Mordaza”

El jefe de la Bancada del PPD, Ramón Farías, planteó que es un tema ampliamente debatible “ya que no existe claridad respecto de quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso los medios de comunicación”.

El legislador manifestó que están dispuestos a corregir este artículo, teniendo en cuenta que es importante proteger la información de las causas o proceso judiciales, ya que una filtración puede alertar sobre el curso de las investigaciones perjudicando su eficacia.

“Nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados (…) Es necesario aclarar que no sólo nos referimos a los casos de políticos, sino que también con otros temas delictuales, como tráfico de drogas. Nosotros en ningún caso queremos ir en contra de la transparencia, o permitir que esta norma signifique una ley mordaza. Yo estaría en contra si la ley se interpretara así porque no se puede ir en contra de la libertad de prensa”, precisó el legislador.

Por su parte, la jefa de la Bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, diputada Karol Cariola, sostuvo que actualmente la ciudadanía ha exigido un mayor compromiso con la transparencia y la probidad, y que tal como está redactada la norma, no ayudaría a cumplir con esa responsabilidad.

“Creo que la norma aprobada atenta contra la transparencia que ha exigido el país. Tomando las palabras de los fiscales, estoy segura que el pueblo de Chile no está dispuesto a que se siga protegiendo a los poderosos de siempre”, sostuvo la diputada.

Subrayó, asimismo, que “esto no se trata de atentar contra el principio de inocencia sino que por el contrario, se trata de proteger la libertad de expresión, la transparencia que tanta falta le hace a nuestro país. Si bien hoy están prohibidas las filtraciones, sólo tienen sanciones, distinto es ponerle penas. Eso no me parece adecuado.”

El jefe de la Bancada de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, recordó que el Código Procesal Penal establece actualmente que las carpetas investigativas son secretas salvo para los intervinientes y, por ende, las filtraciones están prohibidas para las partes. Pero, agregó, la norma tiene una mirada administrativa y por ello se propuso esta sanción penal.

Sin embargo, a su juicio, la redacción no fue la correcta ya que esta obligación ya no queda circunscrita solo para los intervinientes sino que se extiende a cualquier persona que tome conocimiento de la investigación, y colisiona -por tanto- con otros bienes jurídicos como la libertad de prensa.

“Quedó en términos tan laxos que terminó siendo una ley mordaza que no es lo que se buscaba, sino lo que se buscaba era colocar una sanción apropiada para algo que ya está hoy día en la ley”.

El diputado Chahin enfatizó, además, que el carácter secreto es un medio para resguardar el principio de inocencia y la eficacia de la investigación, y por ello cree que es correcto incluir una sanción pero solo para los intervinientes y no para los medios de comunicación, porque en dicho caso debe primar el derecho a la información.