Este viernes la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que no renunciará a su cargo y salió en defensa de su antecesor, Luiz Lula da Silva, quien este viernes mantuvo su actividad normal a pesar del pedido de prisión preventiva en su contra presentado por la Fiscalía de San Pablo, que fue tomado con cautela por la oposición y cuestionado por varios medios de prensa.

«Creo que solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment», afirmó Rousseff en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Planalto, en alusión a la figura de derecho anglosajón con la que se conoce el proceso de destitución que trata de impulsar la oposición.

La nueva aparición pública de la Presidenta ocurrió a pocas horas del pedido de prisión preventiva contra Lula formulado por la Fiscalía paulista en una causa por corrupción paralela a la conocida como Petrolao, que indaga ilícitos en la estatal Petrobras, y frente a la tensión que presagian las manifestaciones convocadas para el domingo por la oposición para apoyar las investigaciones de la justicia y de la policía, y por el oficialismo para defender a la Presidenta y a Lula, reseñó la agencia alemana DPA.

Mientras tanto, los principales dirigentes de la oposición llegaron a un acuerdo para avanzar en la estrategia hacia la formación de un gobierno de transición que asuma en caso de destitución de Rousseff.

Al respecto, el presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, acordó trabajar en conjunto con el vicepresidente Michel Temer, titular del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PDMB), agrupación que tiene el comando del Senado y Diputados.

Mientras Neves es un opositor declarado y defensor del impeachment de Rousseff, Temer es formalmente parte del gobierno, pero no oculta sus diferencias con Rousseff y su disposición a asumir si ella renuncia o es destituida, consignó un despacho de Ansa.

En la rueda de prensa de este mediodía Rousseff consideró que el pedido de prisión preventiva contra Lula «pasó todos los límites», se negó a comentar los rumores de que habría ofrecido un ministerio a Lula, pero aseguró que «tendría el mayor orgullo» de incluirlo en su gabinete, reseñó EFE.

El ex mandatario, por su parte, continuó en San Pablo -donde durante el día hubo informales y breves manifestaciones en su apoyo- con su agenda de actividades, que incluyó una reunión de más de cinco horas con correligionarios del Partido de los Trabajadores (PT), el ministro de Hacienda Nelson Barbosa y dirigentes de movimientos sociales.

Comentaristas de los medios de comunicación más importantes de Brasil -habitualmente críticos del PT- manifestaron este viernes algunos cuestionamientos al pedido de detención.

Merval Pereira, columnista del diario O Globo, dijo que «es grande el impacto político de la decisión de los fiscales, esto repercute en la oposición y en el gobierno, pero el problema es que el pedido de prisión parece algo desproporcionado»..

«Los argumentos de los fiscales son más políticos que jurídicos, ellos critican a Lula por incitar a sus militantes a salir a la calle a generar caos, en eso tienen razón. Pero no parece razonable que los procuradores adopten una decisión tan drástica como pedir la prisión», señaló el analista.

Helio Schwartsman, comentarista de Folha de San Pablo, inició su artículo de hoy con una pregunta, «¿Lula va a coronar su carrera política con una temporada en la cárcel?». Y continuó: «Puede ser, hay legítimas dudas sobre el patrimonio del ex presidente pero no parece fácil probar que cometió los delitos», que le imputa la Fiscalía de San Pablo.

Esta causa, en la que Lula fue denunciado por los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica, está vinculada a un lujoso departamento de tres pisos localizado frente al mar en la ciudad balnearia de Guarujá, en el litoral de San Pablo.

Según apuntan los fiscales, se sospecha que el inmueble, así como una costosa reforma hecha «al gusto de la familia Lula da Silva», fueron entregados al ex presidente por la constructora OAS, implicada en el escándalo de corrupción en Petrobras, destacó DPA.

El pedido de prisión preventiva fue tomado con cautela por parte de los principales partidos opositores, que temen una escalada de tensión social.

«Ante las circunstancias que el país vive y el aumento de la temperatura, el pedido de hecho en etapa de investigación de un ex presidente de la República parece una medida extrema. No es un momento banal y es necesario que todos tengan conciencia de la gravedad del momento», expresó el senador socialdemócrata Cássio Cunha Lima.

En declaraciones que recoge O Globo, el senador expresó que «no están presentes los fundamentos que autorizan el pedido de prisión preventiva. Vivimos un momento infrecuente en la vida nacional. Hay que tener prudencia», recomendó.