El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, cuestionó la indicación que fue aprobada esta semana en la sala del Senado, que establece una sanción penal para todo aquel que viole el secreto en una investigación judicial.
«Hay políticos investigados y personas que financian habitualmente campañas electorales. Entonces, es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones», sostuvo Uribe a La Tercera.
En ese sentido, el persecutor agregó: “No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. No estoy defendiendo que se filtre información, no corresponde, pero eso está hoy suficientemente resguardado, tanto a nivel de sanciones administrativas y penales. El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”.
La Fiscalía Nacional respondió que la indicación no apunta a establecer sanciones a fiscales, sino que a todas quienes den a conocer información de carácter secreta.
“La norma aprobada por el Senado sanciona a cualquier persona que vulnere las normas de secreto establecidas por el Código Procesal Penal. De hecho, la norma aprobada no menciona en ningún momento a los fiscales como sujeto particular de sanción, toda vez que esta situación ya estaba regulada para los funcionarios públicos en los artículos 246 y 247 del Código Penal, por medio de la figura general de violación de secretos”, declaró el Ministerio Público.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri Cohn, dijo destacó la indicación: “Se ha hecho un uso abusivo de la información confidencial y ha habido atentados contra la presunción de inocencia. Esto viene a remediar esta situación, en parte. Las filtraciones pueden distorsionar gravemente los procesos judiciales, y se puede causar un gran daño a personas inocentes”, explicó Alessandri.
“El abogado se debe a su cliente, y existe el secreto profesional. Ha habido una muy mala práctica de filtraciones, perjudicando gravemente la presunción de inocencia”, concluyó.
