Escasez de terrenos, planes reguladores restrictivos en materias de densidad y altura, mayores exigencias en la calidad de los materiales de construcción y evidentemente la especulación: una demanda en alza son los principales factores que explican el fuerte incremento que han registrado los precios de las viviendas en la última década en el Gran Santiago.

En el 2006, el valor promedio de una vivienda en la Región Metropolitana se situaba en 2.437 UF; diez años después-al cuarto trimestre del 2015- se empina en unos sorprendentes 4.200 UF, un crecimiento de 72% en el periodo, según GfK Adimark.

En el mismo periodo el valor promedio de los departamentos medido en UF por metro cuadrado, creció un 82%, hasta las 64 UF el metro cuadrado, mientras en casas creció 73%, terminando en las 52 UF a finales del año pasado.

El gerente de Estudios Inmobiliarios, Javier Varleta afirmó que “la primera variable que hace subir los precios de las viviendas es la escasez de suelo”, lo que se suma a la exigencia de terminaciones de mejor calidad, entre ellas termopaneles.

El director ejecutivo de la Asociación de desarrolladores inmobiliarios, Vicente Domínguez, sostuvo que al existir restricciones de terrenos, los sitios urbanos se encarecen y se agregan, además, exigencias más altas en materia de urbanización y espacios públicos.

Según la revista electrónica Scripta Nova, especializada en geografía y ciencias sociales, el sistema económico habría efectuado un cambio revolucionario en el desarrollo y crecimiento urbano con la creación del mercado del suelo, creando un “modelo basado en la maximización de los beneficios a través de la iniciativa privada que habría convertido el suelo en un bien de cambio y en uno de los negocios más rentables, a través de la especulación inmobiliaria”.

“Por la cual se pasó de catalogar el ‘suelo de reserva urbana’ a ‘suelo urbanizable’, liberalizándose su control tras esta modificación, las cuales han afectado de manera clara al derecho de vivienda, el planeamiento de las ciudades y la catalogación de tipos de suelo” señala el medio especializado.

En consecuencia la ciudad no pertenece ni se ordena atendiendo a las necesidades de sus habitantes sino que “a merced del negocio inmobiliario, el cual llega a expulsar a los habitantes tradicionales de las ciudades”, aseguro la revista.

El acceso a la vivienda lejos de ser un derecho garantizado, es una preocupación garantizada; ante la imposibilidad de comprar vivienda o pagar el arriendo de departamentos demasiado onerosos, la población se ve cada vez más obligada a vivir en zonas donde el valor del suelo sea menor o arrendar habitaciones en departamentos compartidos con otros inquilinos.