Año 2013, Beatriz (nombre ficticio), una salvadoreña de 21 años solicita interrumpir su embarazo por que padece lupus y una enfermedad renal, por lo que su embarazo atenta contra su vida y su feto no tiene posibilidades de sobrevivir por ausencia de buen aparte del cerebro, por lo que se estima que morirá apenas nazca. Los médicos piensan que si no aborta es poco probable que sobreviva.

La Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza la solicitud y ordena a los médicos continuar con el embarazo.
Chile es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe en que no se permite el aborto en ninguna circunstancia, junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, los otros dos únicos países que lo prohíben en el mundo son Malta y El Vaticano.

Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, esto, luego que la dictadura derogara el artículo 119 del código sanitario, que autorizaba el aborto terapéutico entre 1931 y 1989.

En América Latina, pese a una fuerte influencia religiosa que ha buscado una regulación muy restrictiva, la tendencia en los últimos años ha sido la liberalización del aborto, como en los casos de Colombia, el Distrito Federal de México y, recientemente Uruguay.

Asimismo, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se ha manifestado abiertamente a favor de permitir la interrupción del embarazo para proteger los derechos de la mujer. Una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales dice relación con los terribles índices de mortalidad en América del Sur, donde más de 5 mil mueren cada año producto de las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad.

De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de abortos inseguros en la región se incrementó, pasando de 3.9 millones en 2003 a 4.2 millones de mujeres en 2008.

En Chile, 54 mujeres fallecieron el año 2012 en su proceso de gestación y se estiman en 500 casos anuales los embarazos con inviabilidad fetal.

En Chile la primera medición de opinión pública sobre el aborto se efectuó en diciembre de 1990, mostrando que solo un 5% de los encuestados consideraba que ante cualquier circunstancia una mujer podía practicarse un aborto, un 44,7% estaba de acuerdo con realizarlo en casos especiales y un 49,2% señalaba que la prohibición debía ser total.
Dieciséis años después un 25% de los encuestados aprueba el aborto por deseo expreso de la mujer y se manifiestan a favor de este solo si la mujer corre riesgo de vida y en caso de violación, con un 65,1% y 59,5% respectivamente; asimismo dan una aprobación más relativa a los derechos de la mujer en el caso de que el feto presente malformaciones graves, con una aprobación de 46,4% en la última encuesta UDP.

Un estudio de la Universidad Diego Portales realizado por Lidia Casas y Lieta Vivaldi, “La Penalización del Aborto como una Violación a los Derechos Humanos de la Mujer”, describe, en base a las entrevistas efectuadas a mujeres que han interrumpido su embarazo, las prácticas del aborto en Chile, argumentado que “la clandestinidad vulnera sus derechos humanos”. Asimismo el estudio declara que “pese a su ilegalidad, se estima que los abortos provocados en Chile alcanzarían a 70.000 al año. Las maniobras utilizadas son variadas y, en consecuencia, los precios y riesgos para la vida y la salud de quienes se someten a ellos también son diversos”.

“Las mujeres enfrentan el miedo ‘a morir’, a sufrir graves daños a la salud y a ser perseguidas penalmente. Debido a la ilegalidad y a la condena social, las mujeres muchas veces enfrentan el proceso de aborto en soledad y abandono.

En caso de abortos complicados, las mujeres se exponen a situaciones de maltrato en los centros hospitalarios, incluyendo interrogaciones, trato brusco y la posible denuncia”, Señala el estudio de Lidia Casas y Lieta Vivaldi.
Asimismo el estudio declara que “La investigación muestra también el tratamiento cruel y degradante que afecta a mujeres que gestan embarazos con malformaciones, o cuyos embarazos son producto de una violación. Aquellas mujeres que tienen los recursos pueden hacerlo fuera de Chile. Ello no ocurre con las mujeres del sistema público de salud, que se enfrentan a decisiones discrecionales de la comunidad médica de mantener o no el embarazo hasta el término de la gestación. La ilegalidad produce un efecto inhibitorio en los profesionales y sitúa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, riesgo a su salud y sufrimiento que son evitables. La persecución penal es muy selectiva, recayendo sobre todo en las más pobres, que pueden ser maltratadas también por sus defensores”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en San José de Costa Rica, su finalidad es salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, en 1978 entró en vigor la carta de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la fecha 25 naciones-entre ellas Chile- han ratificado o adherido a la Convención, dicho tratado es obligatorio para los países que lo ratifiquen o adhieran.

En opinión del estudio de la UDP señaló que las entrevistas y datos estadísticos informaban de “una realidad trágica y dolorosa que afecta a muchas mujeres en Chile y también infringe gravemente varias garantías de los derechos humanos de las mujeres”.

Al respecto la Corte Interamericana, el Comité de la Convención de la mujer y el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU han realizado reiterados llamados de atención a Chile que le urge a modificar sus leyes sobre el aborto con urgencia para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Uno de los mayores avances en la despenalización se llevó a cabo en Uruguay; desde el 2013 el aborto puede ser practicado libremente y de forma ‘gratuita’ hasta las 12 semanas de embarazo. Desde la sanción de la ley el país registra una de las menores tasas de aborto del mundo, practicándose nueve abortos cada mil mujeres.

En 2015, por primera vez en Chile, la Presidenta Michelle Bachelet firma el proyecto de ley sobre la legalización del aborto, proyecto que estaba en tramitación desde el 2009 y que buscaba legalizar el aborto en tres causales: terapéutico, por malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina y por violación, proyecto que en 2012 fueron todos rechazados.

“Aborto: ni santas, no heroínas”

La polémica sobre el aborto no se ha hecho esperar en un país de marcado carácter conservador en algunas materias y que sólo en mayo del 2004 resolvió incorporar la figura del divorcio vincular después de una década de tramitación. Último país de occidente que no permitía a las parejas resolver legalmente sus separaciones de facto, lo que fue presentado por la Iglesia católica como una amenaza a la familia.

El cruce de declaraciones sobre el tema ha sido contundente y el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, encendió la mecha del primer fuego cruzado disparando contra el “proyecto de aborto libre” del gobierno, esto, en respuesta de una columna escrita por uno de los colaboradores estrella de El Mercurio, el abogado y rector de la U, Diego Portales, Carlos Peña, quien había escrito una columna bajo el título: “Aborto: no santas, ni heroínas”.

El prelado sostuvo que quienes apoyaban la iniciativa de la ley de aborto en el parlamento “le dan más valor a un ser humano fuera del vientre que dentro de él. Y como le dan más valor al hijo fuera del vientre que dentro, cuando está fuera no puede decidir si su hijo vive o no; cuando está dentro, puede decidir. Esa es toda la discusión que se lleva adelante en el Congreso. Arbitrariedad pura”.

Y en alusión directa a la columna del rector de la UDP, el arzobispo respondió basándose en el título utilizado por Peña declarando que “las madres que van a visitar a sus hijos presos para demostrarles su afecto a pesar del delito cometido, verlas trabajar por salarios miserables para darles de comer a sus hijos, verlas sacarse el pan de la boca para que estudien, me hace pensar que las mujeres en Chile son santas y heroínas”.

La carta del columnista que encendió la discusión abordaba desde la filosofía diversos aspectos del proyecto que despenalizaba la interrupción del embarazo “(La iniciativa) no establece un permiso general para abortar, lo que establece es el derecho de la mujer para decidir hacerlo cuando enfrenta una ‘elección trágica’: si mantener o no el embarazo a sabiendas que la vida extrauterina será imposible; si mantener o no el embarazo arriesgando su propia vida; si mantener o no en si vientre el fruto de una violación”.

Peña abordo asimismo las presiones que se ejercen sobre la mujer declarando que “si acaso una sociedad puede imponer coactivamente a las mujeres obligaciones que, bajo cualquier respecto, equivalen, por decirlo así, a actos moralmente heroicos. Lo que el proyecto de ley establece es que no es correcto ni razonable que el estado emplee sus medios coactivos para obligar a una mujer a mantener el embarazo en esas hipótesis”.

El aborto, una larga polémica que pone en juego no solo el rol de la sociedad sobre el tema sino que además hace evidente la situación que enfrenta la mujer en el momento de abortar, situación que es, en la práctica, la del mercado negro, convirtiendo las condiciones sanitarias y riesgo a su salud en una ruleta rusa en base al tratamiento que pueden recibir sólo en virtud a la cantidad de dinero que tengan.

Esto transforma el aborto en uno de los problemas de salud pública más acuciantes para los ciudadanos de Chile, que en el caso de las mujeres que optan por la interrupción del embarazo, ven como sus condiciones sanitarias pasan, de facto, a una categoría no reconocida, pero existente: Ciudadanos de segunda clase.