Negar la existencia de una crisis en Ecuador es tapar el sol con un dedo. De génesis económico, actualmente se ramifica a todos los estamentos del país. Ha llegado la hora de construir consensos y cuidar la democracia, evitando confrontar sectores pertenecientes a la Nación que pueden desestabilizar la seguridad necesaria para el funcionamiento del Estado.

El gasto social planificado por la administración Correa aseguraba un periodo eleccionario con buenas bases para el 2017. Sin embargo la brusca caída del crudo impactó negativamente las arcas fiscales y todo parece indicar que ello no fue debidamente prospectado en alguna suerte de plan alternativo que impidiera llegar a los niveles de confrontación política a los que rápidamente ha escalado la situación ecuatoriana.

El viernes 5 de febrero Correa decidió relevar a todo el alto mando militar. No es el primer gesto confrontacional que ha sostenido con los mandos de las fuerzas armadas. En noviembre del año pasado, calificó como inoportuna e inadmisible la presencia del alto mando militar en una audiencia para juzgar a cinco miembros de las Fuerzas Armadas acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad en la década del ochenta.

La destitución del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General Luis Garzón es especialmente analizable. Con un respaldo y prestigio muy elevado dentro de las fuerzas, ha perseguido que el Estado cumpla sus deberes con el personal militar.

La crisis comenzó con los resultados de la investigación que determinó que los terrenos vendidos por los uniformados al Ministerio del Medio Ambiente se habían cobrado US $48 millones, cuando en realidad su costo era de US $7,3 millones.

El gobierno de Correa emitió el pasado jueves una orden ejecutiva para que se descontaran US $ 41 millones de las contribuciones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y así se hiciera una devolución del dinero al Ministerio del Ambiente.

La cúpula militar de Ecuador, encabezada por el General Luis Garzón, pidió entonces al gobierno una reconsideración de la medida y luego afirmó que «defenderá el patrimonio de los uniformados».

El Presidente Correa decidió remover a toda la cúpula militar, disposición que según los medios habría comunicado a través de su cuenta de twitter acompañado de una fuerte crítica al proceder del alto mando.

Garzón se encuentra a las afueras de Quito, luego de ser llamado a retiro, pero se estima que su capítulo no ha terminado. Fuentes ecuatorianas no dudan en señalar que el General volverá a la carga, para lo que ocupará su potencial de apoyo especialmente dentro de las Fuerzas Armadas y coincidente con el ambiente pre eleccionario, la complicada situación económica, el descontento empresarial y la merma en los proyectos sociales en un país donde el Estado es absolutamente subsidiario, podrían catapultar a Garzón a la arena política con la anuencia de no pocos interesados.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas están expectantes a lo que el Presidente decida próximamente. Pero sin duda no están muy alineadas con sus últimas actuaciones. Si a ello le sumamos los anunciados juicios por Derechos Humanos, la fuerza ecuatoriana, conocedora de golpes y revueltas durante su historia democrática podría enfrentar nuevamente la inestabilidad de sus Instituciones fundamentales, todo ello agravado con un presupuesto agobiado.

El peligro se asoma insistentemente en la nación ecuatoriana, a la espera de las decisiones de sus actores, en donde Garzón podría jugar un papel bastante complicado para la administración Correa.