Una serie de nuevos correos electrónicos del llamado «Confortgate» dio a conocer este martes el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en medio del proceso que lleva adelante contra las empresas CMPC Tissue y la sueca SCA (ex Pisa) por la demanda que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2015.
Se trata de intercambios de e-mails, mayoritariamente, entre ejecutivos comerciales de SCA, que dan cuenta de seguimientos de listas de precios de sus productos y los de su competencia.
Ese es el caso de un correo enviado el 18 de junio de 2012 por Juan José Oyarzún, KAM Supermercados de SCA, a Eduardo Hola, ex gerente de Ventas de la firma, y a Marcos Soto y Constanza Núñez. En asunto Oyarzún escribe: “Alza de precios de CMPC SMU 18 de junio de 2012”. El contenido del correo deja en evidencia un monitoreo de precios de Marcela Droguet (sic), ejecutiva de SCA en ese entonces, en un supermercado Unimarc de La Serena. Droguet (sic), informa de alzas de entre 6% y 7% para diversos productos tissue por parte de CMPC.
Dipac… el nuevo actor
Pero hay que saber que los intercambios de mails no fueron solamente entre ejecutivos de SCA. Antecedentes que reveló ayer el TDLC, también ejecutivos de la cadena mayorista Dipac tuvieron comunicación con ellos.
El 11 de octubre de 2011, Eduardo Hola, de SCA, recibió un correo electrónico de Rodrigo Marambio, otro ejecutivo de la firma sueca. La misiva es parte de una cadena que en su asunto dice “Alza de precios CMPC 25-10-2011”. En el detalla un alza de precios de un 5% de parte de CMPC. Esa cadena nació en las oficinas de la mayorista Dipac y fue Eduardo Helfmann, sub gerente comercial de la supermercadista, quien la envió el 07 de ese mismo mes a Marambio desde una cuenta de correo Gmail.
“No enviar precios sugeridos”
Los correos electrónicos que el TDLC ha ido sumando en la carpeta investigativa del caso también dieron cuenta de conversaciones comerciales entre los ejecutivos de SCA y Walmart Chile, empresa que el 6 de noviembre pasado anunció que se encuentra evaluando acciones legales por los posibles perjuicios que le habrían provocado sus proveedores.
Específicamente, se trata de una cadena de mails de agosto de 2012 en la que Paula García, de Walmart, pide reajustar a los ejecutivos de SCA los precios que le sugirieron para sus productos de marca propia.
“Sólo tres productos están ok con la mejora, pero en el resto necesito por favor el alza sea de menor proporción”, dice el correo que García le envía a ejecutivos de SCA. Esa misma comunicación, cierra con un logo corporativo de Walmart en el que se lee: “Walmart Chile fija sus precios de manera independiente. Se solicita a los proveedores no enviar precios sugeridos ni información de precios u otras variables competitivas”.
Kimberly
El intercambio de correos de ejecutivos de SCA también revela contactos y monitoreos con la competencia. Ese, al menos, es el caso de una cadena de correos iniciada por Víctor Castro con el asunto “Kimberly”.
“Me encontré con el gerente de Distribución de Masivos de CMPC y me confirmó que Kimberly está montando una máquina convertidora para rollos, cerca de LTS, y estaría operando a fines de año”, dice el correo de Castro, que tuvo como destino a Felipe Baraona, ex gerente General de SCA; y a Eduardo Hola, ex gerente de Ventas de la firma.
La ausencia de CMPC
Las nueve carpetas liberadas ayer por el TDLC, sin embargo, no dieron cuenta de correos electrónicos de ejecutivos de CMPC. Al menos, no de carácter comercial ni de seguimiento de lista de precios propias ni de sus competidores.
Lo que sí revelaron los nuevos antecedentes dados a conocer por el tribunal económico, fueron conversaciones electrónicas entre ejecutivos de SCA y CMPC, a propósito de un incendio que afectó la planta de SCA en Talagante, en 2011.
Escenario judicial
Desde la Fiscalía Sur dijeron que “por ahora los fiscales no se van a referir a la investigación, sin perjuicio de lo cual se continuarán realizando diligencias, y se está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto a la solicitud de información del caso”.
La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó a dicha Corte que ordene al TLDC entregar todos los antecedentes del cartel para que el Ministerio Público avance en la investigación penal del caso, ya que hasta ahora el órgano de competencia y la Fiscalía Nacional Económica han manifestado su negativa, pues a su juicio se puede comprometer la investigación.
Entre las diligencias que realizó la Fiscalía durante el mes de enero se encuentra la toma de declaración a, al menos, diez imputados en la investigación. Todos ellos eran parte de las planas directivas de las empresas vinculadas a la colusión de precios.
