El próximo 30 de marzo quedó fijada la audiencia de formalización del empresario Tomás Carrasco por presuntos delitos tributarios.

El ingeniero comercial de 58 años y dueño de las empresas VSA y Siglo Outsourcing, está imputado por realizar forwards irregulares con Penta para evadir impuestos.

Según el mismo declaró, emitió facturas por $ 160 millones a diferentes empresas a petición de Laurence Golborne.

Según consigna La Tercera, los dineros provenientes de las compañías involucradas fueron distribuidos por VSA y Siglo Outsourcing -contra facturas- a personas ligadas a la candidatura del ex ministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera.

El empresario sería formalizado tanto por los forwards irregulares como por haber emitido facturas falsas para financiar la campaña de Golborne en 2013.

«Se le levantarán cargos por delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero y final del Código Tributario y por el delito previsto en (…) artículo 97 N°5 del Código Tributario, cometidos durante los años 2008 al 2014, en carácter de consumados y reiterados”, dice la solicitud de formalización realizada por el fiscal regional Oriente Manuel Guerra y los fiscales de la Unidad de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

En su declaración ante Fiscalía, Carrasco sostuvo: “A Laurence Golborne lo conozco hace más de 25 años. Lo conocí cuando fui a vender mis servicios como Siglo a Chilgener, y él era gerente de administración y finanzas. Luego nos compramos un sitio vecino en Santuario del Valle en La Dehesa. Con Laurence tenemos bastante relación, nos juntamos de manera bastante habitual, fuimos juntos al mundial de Sudáfrica”.

“A fines del año 2012 conversamos con Laurence y él me preguntó si lo podía ayudar en su campaña en cuanto a que necesitaba facturar ingresos y cubrir costos, que no tenía una empresa para hacerlo y si yo lo podía hacer con alguna de mis empresas. Esto, porque Laurence estaba comenzando una campaña presidencial para las elecciones a fines de 2013. Yo accedí y le dije que bueno”, agregó.

Carrasco detalló el nombre de todas las empresas a las que VSA facturó a petición de Golborne.

A Ripley se le emitieron tres documentos por $ 5 millones cada uno. A Inversiones Caburga, ligada a la familia Said Somavía, VSA le facturó $ 20 millones.

Además, una facturación por $ 5 millones a nombre de la acerera CAP, y otra factura de $ 5 millones para la empresa de productos de bebidas y alimentos Watt´s.

Asimismo, dos facturas por $ 10 millones cada una al BCI; dos facturas por $ 12,5 millones cada una a Inmobiliaria Ecomac, de la familia Mas; y $ 2 millones a GT Advisors. También mencionó dos sociedades ligadas al grupo Hurtado Vicuña: Inversiones Paso Nevado e Inversiones Longovilo, con facturas y pagos por $ 25 millones cada una.

En tanto, Siglo Outsourcing, emitió una factura por $ 20 millones a Inversiones Santa Virginia, sociedad ligada a la familia Said Handal. Y otras cuatro facturas a la constructora FFV, de Eduardo Fernández León, por $ 20 millones, las que luego fueron anuladas por instrucción de Golborne.

“No hay ningún servicio real que Asesorías VSA le haya prestado a esas empresas (…) como he dicho, fue la manera que Golborne me pidió para reunir fondos para su campaña”, dejó en claro.