Cada vez que estalla un caso de corrupción ligado a la Nueva Mayoría, la UDI salta de inmediato a cuestionar, críticar y exigir responsabilidades, apuntado -cada vez que puede- a la Presidenta, Michelle Bachelet.

No obstante, cuando la justicia investiga o procesa a alguien de sus filas por corrupción: la situación se reflexibiliza o, simplemente, rota en sentido contrario.

Por ejemplo, cuando el partido fundado por Jaime Guzmán resolvió no sancionar a Jovino Novoa pese a la condena de tres años de pena remitida en el marco del caso Penta.

“En aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento personal y sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, este Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores”, dijo el Tribunal Supremo de la UDI.

Luego del reportaje publicado el pasado viernes en la revista Qué Pasa que revela una serie de correos entre el ex senador UDI, Pablo Longueira, y el el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, mientras se tramitaba la ley de royalty a la industria minera en 2010 (en el gobierno de Sebastián Piñera), la tienda de calle suecia nuevamente «ve la pasaja en el ojo ajeno» pero no es capaz de «ver la viga en su propio ojo».

Esta semana la UDI desplegó todas sus velas en miras de la jornada de formalización del caso Caval. “La igualdad ante la ley estaba en entredicho; y el parentesco con la Presidenta parecía impedir que un integrante de la familia presidencial, respondiera ante la justicia como cualquier ciudadano común y corriente”, sostuvo el diputado UDI y ex integrante de la Comisión Caval, Felipe Ward.

Sin embargo, cuando se trata de Pablo Longueira la situación cambia: «Es muy habitual en el Parlamento que diputados y senadores, y la gente del propio gobierno, conversen con distintos personeros de empresas públicas y privadas, en relación a los proyectos que se tramitan. Eso es bastante habitual y ha sido habitual siempre”, declaró el vicepresidente de la UDI, Javier Macaya.

Según la UDI, ese tipo de comunicaciones no configura ningún tipo de delito: “He leído con detención los correos que aparecieron en la prensa y a mí no me parece que haya ninguna ilicitud. Yo no le doy ninguna connotación extraña a esto. Es necesario hacer este tipo de consultas”, aseguró el jefe de senadores UDI, Víctor Pérez.

“Para legislar sobre una industria, si no se conoce la opinión de la industria, difícilmente se va a poder hacer una norma que sea eficaz”, sentenció.