La Comisión de Constitución se reunió con la finalidad de analizar el proyecto presentado por el Gobierno y que sanciona con cárcel a quienes infrinjan la Ley Electoral y obtengan financiamiento de sus campañas de manera irregular.

La propuesta del Ejecutivo establecía la pena de presidio menor en su grado medio, lo que se traduce en una pena de 541 días a 3 años.

A esto se le suma una multa que equivale al triple del dinero aportado de manera irregular a la campaña.

Según el análisis de los senadores pertenecientes a la comisión, las sanciones establecidas por el Gobierno eran desproporcionadas, ya que no se tomaba en cuenta el monto aportado de manera irregular, si no que era una misma pena para todos los casos.

Ante esto, la comisión optó por fijar un rango de penas según los recursos que se hayan percibido y en base a ese criterio, determinar las condenas.

Con esta modificación, las sanciones parten con presidio menor en su grado medio, de 61 a 541 días y la máxima llegaría a los 541 días a 3 años.

La baja en las sanciones produjo que se disminuyera a un 40% el monto del cual comienzan a operar las sanciones.

Otro elemento que se agregó a la ley es que cuando se trate de aportes realizados por personas jurídicas y los montos sean menores a 50 UF, el Servel no tendrá la obligación de denunciar y podrá cobrar una multa.

Quienes usen recursos otorgados por el fisco para fines personales también serán sancionados y se estableció que la pena será de presidio menor en su grado medio.

En cuanto a la pérdida del escaño en los casos que se rechace su cuenta general de ingresos y gastos de campaña, la medida fue rechazada de forma unánime por la comisión, argumentando que la normativa no cuenta con un sistema de apelación.