Este miércoles fueron citados a la Comisión Investigadora sobre la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre (LRC), desde 2011 a fecha, el Contralor del Ejército, general de Brigada Rodrigo Carrasco, y el ex Comandante de la División de Mantenimiento, General (R), Héctor Ureta.

En su exposición explicaron la forma en que operó el sistema de defraudación y que afectó, principalmente, al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), que afectó recursos de la Ley Reservada del Cobre, utilizaron sus conocimientos y cargos para mezclar facturas falsas, con órdenes de servicios y compras inventadas, con el conjunto de facturas reales que se manejaban en la unidad.

El general Carrasco, tras una amplia exposición sobre la forma en que se organiza la Contraloría, relató, a requerimiento de los miembros de la Comisión, que la primera parte responsable del control de las facturas es la unidad que genera el gasto, es decir, aquella que encomienda un servicio en particular o la compra de determinados elementos para la mantención de los equipos.

Sin embargo, remarcó Carrasco, las personas involucradas en el fraude hicieron una ficción respecto de esta primera parte y suplantaron a quienes debieron haber hecho este gasto y, haciendo uso de sus cargos y de su conocimiento, utilizaron facturas entregadas por cada uno de los proveedores que, a simple vista son reales, pero con datos falsos, con timbres falsos y con firmas falsas, que fueron integradas al conjunto de las facturas para luego proceder a enviarlas a pago.

«Dentro del proceso se saltaron la parte más importante que son quienes realizan la revisión del gasto y la confección de las facturas», sostuvo el militar.

Especificó que, posteriormente, tanto la Tesorería como la Contraloría del Ejército revisaban formalmente estas facturas y hacían el reporte trimestral a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. «Si la Contraloría encontró alguna factura…, hay que ser claro, no detectó facturas (falsas) en su proceso», puntualizó.

Asimismo, dijo que se visitaban las unidades para efectuar los controles respectivos, pero sostuvo que no era posible detectar en esta fase las irregularidades porque, justamente, el fraude se saltaba este paso. «La orden no existía, la falsificaban, todo lo falsificaban haciendo uso de sus cargos y de sus conocimientos», explicó el contralor del Ejército.

“Todo era falso”
A su turno el retirado general Ureta coincidió con el testimonio de Rodrigo Carrasco y confirmó que el fraude se realizaba usando facturas falsas, haciendo el trámite de los documentos de una factura normal, pero con todo falso. «Todos los documentos que debieran estar estaban, pero eran falsos», precisó.

Frente a la consulta de los legisladores sobre la cantidad de firmas que requerían los documentos, Héctor Ureta dijo que los procesos parten con una solicitud que debe ser firmada por quien la solicita. Posteriormente, agregó, se revisa una tabla con tres proveedores y se elige a uno con algún criterio, acto que lleva otras dos firmas más. De ahí, acotó, viene la orden de compra que también tiene tres firmas y, después, la factura propiamente tal, que en ese tiempo tenía tres firmas.

Evaluó que la falla del sistema estuvo dada en que no existe un sistema de control en el CAF, ni en su relación con la Dirección de Finanzas y con la Dirección de Proyectos. «Ese triángulo es el que falla», planteó.

Dijo que le tocó revisar 1200 facturas, en las cuales se detectaron variadas irregularidades, como por ejemplo, la adjudicación de patentes de vehículos que no correspondían a la realidad. Además, aseguró que los documentos se imputaban a gasto de demanda estratégica, cuando debían imputarse a gasto de servicio de mantención, y aparecían (las facturas) en el Comando de Apoyo de las Fuerzas sin tener un oficio conductor.

«Estas facturas no tenía oficio conductor de ninguna unidad. Entonces, si yo recibo una factura, que no tiene un oficio conductor ¿de dónde viene? ¿por qué apareció? Era lo primero que tenía que saltar», evaluó, criticando en este punto la falta de control del CAF.

Concluida la sesión, el general (R) aclaró que él no era el titular del Comando de Apoyo a la Fuerza, sino que solo le tocó cumplir una subrogancia en cuyo periodo se detectó el fraude y en el que se realizaron las primeras diligencias, entre ellas, tomar declaraciones a los hoy inculpados en el caso y entregar los antecedentes a la justicia militar.

Negó que hubiese sido dado de baja por la institución por este caso y aseguró que su salida se debió a que le correspondía pasar a retiro.

Finalmente, consultado si aún falta por develar en este caso, el General (R) Ureta evaluó que sí.

Falta de control
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Jaime Pilowsky (DC), estimó que, “a la luz de esta tercera sesión, se puede visualizar que aquí había falta de controles en el organismo correspondiente al manejo de la LRC, esto es, el Comando de Apoyo de la Fuerza. Tampoco había un control de auditoría respecto de los trabajos que se realizaban o de las facturas, sino que solo había un control contable», sostuvo.

Indicó que el general Ureta les planteó que hubo una maquinación fraudulenta de personas que trabajaban en el CAF fundamentalmente, haciendo aparecer mediante una ficción, firmas y documentos falsos, situaciones que aparentemente se originaban en necesidades de mantenimiento, pero que no lo eran, ya que eran órdenes que se falsificaban y se entregaban sin ningún tipo de control para su posterior pago.

Valoró que hoy día se estén tomando las medidas correctas en materia de control y evaluó que queda por determinar quiénes fueron los responsables de no haber tomado estas medidas entre el año 2008 y 2014. En este plano, adelantó que se invitará a los encargados del CAF, para analizar los procedimientos que la unidad posee; al Tesorero del Ejército, coronel Samuel Poblete; y a los periodistas que han estado involucrados en la investigación de este caso.

El diputado Nicolás Monckeberg (RN) dijo haber quedado muy preocupado porque cada día se les intenta mostrar este caso como algo muy sofisticado, muy difícil de detectar, cuando se trata de un «escándalo más burdo, donde se falsificaban facturas y donde no existían controles». «Si de verdad queremos que esto no se vuelva a repetir, reconozcamos las cosas con franqueza», apeló, asegurando luego que aquí no fallaron los controles, sino que simplemente no había controles.

«Cuando se falsifica una factura, cuando se falsifican tres firmas durante años y nadie descubre esa falsificación hay dos opciones: o estaban todos coludidos o francamente no había ningún control.
Creo que aquí falta claridad y honestidad para reconocer esta falta», remarcó.

El diputado Felipe Letelier consideró que hay bastantes contradicciones en lo que dicen los uniformados y ex uniformados respecto de este tema. Observó que, en cualquier empresa privada o pública, antes de pagar una factura se revisan los documentos y se verifica su autenticidad. «Pero acá se está frente a una cosa reiterada», observó, al tiempo que comunicó que se solicitó que se envíe el listado de las empresas que proveen de material y servicio al Ejército, en los últimos diez años.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) estimó que aquí había una verdadera mafia que tenía una máquina para defraudar al Ejército y consideró que, frente a ese análisis, es difícil pensar que solo hubo dos o tres involucrados. «Tenían un sistema para defraudar al Ejército y todo apunta a que eran más», sentenció.