Se viene fuerte la pelea tras el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las principales cadenas de supermercados del país: Cencosud, SMU y Walmart, a quienes acusa de coludirse -a lo menos, entre 2008 y 2011- para fijar un precio mínimo para la venta de pollo fresco.
Este jueves el comité de ministros Económicos y hasta la Presidenta Michelle Bachelet rechazaron tajantemente estas prácticas y destacaron el actuar de la FNE. En tanto, las empresas aludidas ya definieron sus equipos jurídicos y alistan su defensa para demostrar que aquí no hubo cartel, ni acuerdos, ni patrón de comportamiento. En síntesis, no hubo colusión como dice la Fiscalía, entidad que solicitó al TDLC aplicar la multa máxima de US$ 22,9 millones para cada cadena.
Tan tajante es la negativa de los supermercados aludidos, frente a la acusación que se les realiza que luego que el director del Sernac, Ernesto Muñoz, las instó ayer a buscar en conjunto compensaciones a los consumidores, éstas lo desestimaron y aseguraron que se defenderán para demostrar su inocencia.
Cencosud indicó que “La compañía descarta de plano haberse coludido con su competencia, por lo que se defenderá enérgicamente para demostrar su inocencia. Aquí no existe colusión”, sostuvo en un comunicado la empresa de Horst Paulmann.
En la misma línea, SMU junto con rechazar cualquier actuación que atente contra la libre competencia, anunció que “demostrará su inocencia ante las instancias pertinentes”, mientras Walmart estudiará los pasos a seguir.
Las empresas informaron que, hasta ayer, no habían sido notificadas, mientras la acción de Cencosud cayó en la Bolsa 4,92%, su mayor descenso diario desde el 27 de enero de 2014.
Versión de la FNE
De acuerdo con la FNE, entre 2008 y 2011, las cadenas requeridas, en forma colectiva, y por medio de sus proveedores comunes, observaron y exigieron que sus competidores aplicaran una regla que buscaba impedir la venta de pollo fresco en supermercados bajo su costo de adquisición mayorista.
Junto a los documentos ya presentados en el requerimiento, la FNE incluirá en el proceso otros 146 archivos electrónicos o mails, y llamadas telefónicas.
Es así, las firmas definieron los equipos que las defenderán: Nicole Nehme, del estudio Ferrada Nehme, representará a Walmart; Ricardo Riesco, de Phillipi, Prietocarrizosa & Uría a Cencosud; y Benjamín Grebe, de Prieto y Cía, a SMU.
Fuentes cercanas a las empresas aseguraron que demostrarán que aquí no hubo un cartel, pues a diferencia del caso colusión entre CMPC y SCA (ex Pisa) no hay ejecutivos que acordaran repartirse el mercado (ni hubo falsificación de cuentas de correo electrónicos, ni destrucción de evidencias). Tampoco hay un acuerdo entre partes, como sí ocurrió en el caso de los productores de pollos y las navieras, donde ejecutivos se reunían para consensuar acciones y menos, existe un patrón de comportamiento como sí se observó en el caso farmacias.
Si bien reconocieron la existencia de correos “desafortunados”, precisaron que los emails expuestos son pocos y esporádicos, y que no dan lugar a un patrón de comportamiento, sino que a la búsqueda de una equivalencia en el precio, como ocurre en cualquier mercado competitivo.
¿Qué sigue?
Una vez que las compañías sean notificadas tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos, lo que ocurrirá en febrero.
Como es un caso de alta connotación pública, es probable que TDLC no llame a conciliación, lo que daría lugar a los alegatos entre las partes, período en el cual deberán rendir pruebas. Luego, el Tribunal emitirá su sentencia y eventualmente se seguiría la pelea en tribunales, por lo que al menos el caso durará un año y medio.
