Pasadas las 10:30 horas de este lunes se inició en el Palacio de La Moneda el último comité político antes del receso legislativo del Congreso, en el cual los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría pedirán al Gobierno que zanje definitivamente los plazos de la agenda prioritaria que impulsa. Las dudas de los líderes oficialistas se deben a que la mayoría de las siete iniciativas que debían quedar listas antes del 31 de enero continúan en trámite, y en algunos casos, ya se da por hecho que no lograrán ser despachadas en los próximos días debido a diferencias existentes al interior de la misma coalición. Por ello, los dirigentes del bloque pedirán al Gobierno tomar una postura para dirimir aquellos casos, para evitar situaciones como la de la reforma laboral, la cual se postergará hasta marzo, y las diferencias en materia de agenda corta anti delincuencia, que impiden que esta salga de la comisión de Constitución. Asimismo, hay retrasos en el proyecto de Carrera Docente, donde el Ejecutivo no ha tomado una postura frente a la asignación de los salarios de los profesores. De no tomarse una decisión, el proyecto se postergará hasta marzo. El encuentro servirá además para aclarar la posición de los distintos actores frente a la anulación de la Ley de Pesca, sobe todo conocer si el Ejecutivo acudirá o no al Tribunal Constitucional para impugnar la derogación de la ley. El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó ayer que «se inició un trabajo para analizar y evaluar la Ley de Pesca, y vamos a convocar y sumar a todos los actores que se requiera para que sea un debate de carácter nacional y de carácter integral». La situación polarizó aún más la relación del PC con la DC. De hecho, el senador Ignacio Walker (DC) indicó que «el PC ha tensionado el programa de gobierno tratando de imponer su propia visión a los demás, en circunstancias de que es minoría. Desgraciadamente, el Gobierno no le ha bajado las líneas rojas». Hasta ahora, el Ejecutivo ha transmitido que se está a la espera de un informe que se le encargó a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que ello será clave para las modificaciones que deben hacerse a la legislación.