Según informa The Clinic, el escrito del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es la apelación a la resolución adoptada por el 34º Juzgado del Crimen de Santiago que recientemente rechazó la reapertura del mencionado proceso, aludiendo a que la indagatoria estaba cerrada.

 El CDE llevó a la Corte de Apelaciones de Santiago, la petición de reapertura del caso Riggs, con el fin de que se investigue el origen y destino de las propiedades de Cema Chile, presidida a perpetuidad por Lucia Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet.

La solicitud fue ingresada luego que se conociera la venta de un terreno en Chillán por más de 760 millones, que había sido donado por el municipio de esa ciudad, el que se suma a los 138 conocidos y que fueron donados o transferidos por el Ministerio de Bienes Nacionales. El escrito del CDE es la apelación a la resolución adoptada por el 34º Juzgado del Crimen de Santiago que recientemente rechazó la apertura del mencionado proceso, aludiendo a que la indagatoria estaba cerrada.

En la presentación que hizo en primera instancia el organismo -y que publica The Clinic Online -, asegura que “en los flujos originados en las ventas de propiedades, se detectan diferentes entregas de dinero a familiares directos de Lucía Hiriart, situación que evidentemente escapa a los objetivos de la entidad”.

“Además, puede colegirse que dichas entregas pudieron ser incluso por montos mayores en aquella época en que no se tienen los registros contables, quedando claro que la señora Hiriart utilizaba la fundación para sus propios intereses”, indica el texto.

Sólo entre 1988 y 2003, de acuerdo a un informe de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas de la PDI, CEMA efectuó operaciones de venta de propiedades por más de $ 3.876 millones.

Pero una publicación de Ciper Chile en Noviembre de 2015, pone las cosas aún peor, ya que aumenta la cifra a más de $ 6.300 millones, sumando la venta del terreno en Chillán y otras operaciones. Asimismo, reveló que existen al menos otras 105 propiedades desconocidas.

Caso Riggs 

El 2004 estalló el escándalo de las platas de Pinochet en el Banco Riggs, donde se encontraron además una serie de sociedades que tenía en los paraísos fiscales el ex dictador que sumaban, según logró acreditar la justicia más de US$ 27 millones y lo malversado poco más de seis millones de dólares. En dicha entidad financiera Pinochet usaba la chapa de “Daniel López”.

Fue en esta investigación, que pasó por tres magistrados distintos, que se indagó a CEMA Chile, pero en agosto de 2013 el entonces ministro en visita Manuel Valderrama sobreseyó el caso. “Con respecto a la arista de CEMA Chile no hay nada más que investigar si hubo alguna desviación de fondos al patrimonio de Pinochet”, dijo el magistrado en ese momento.

Por insólito que parezca, sólo en 2005 el Congreso suspendió los fondos que recibía CEMA Chile por parte de la Polla Chilena de Beneficencia y los únicos condenados fueron seis oficiales del Ejército en retiro por el delito de malversación de caudales públicos, quienes sirvieron a las órdenes de Augusto Pinochet.

Indagaciones del CDE

Como sea, el CDE indagó por sus propios medios -asegura en el escrito- y descubrió que CEMA no ha vendido propiedades registradas a su nombre. Sin embargo, sí encontró que algunas “no fueron inscritas a nombre de la Fundación, correspondiendo a tres inmuebles en las comunas de Santiago, Recoleta a Independencia”.

El escrito agrega: “Este consejo ha podido reconstruir un listado de 138 inmuebles de propiedad de CEMA Chile a lo largo de todo el país, los que fueron transferidos a título gratuito, todo ello a partir de una nómina que entregó en su momento el Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, hemos descubierto bienes inmuebles que no aparecen en dicho listado y cuya situación actual no ha sido materia de la investigación, careciéndose de todo antecedente acerca de su venta a terceros y del destino de los fondos adquiridos con ella”.

La acción judicial emprendida por el CDE, se debe a la solicitud que hiciera formalmente en diciembre pasado el ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio ante el presidente de la entidad Juan Piña.

En la oportunidad, Osorio señaló que habían encontrado evidencias de que CEMA incumplió el compromiso con el Estado, “en cuanto a destinar los inmuebles fiscales a los precisos fines sociales que entonces se consideraron para fundamentar el mecanismo excepcional de la transferencia gratuita”.

Por lo anterior, The Clinic explica que el CDE solicitó en su oportunidad una serie de diligencias que si la causa es reabierta deberá ejecutar la autoridad judicial.

Entre ellas, el CDE pide conocer el origen de los terrenos donde actualmente funcionan las universidad San Sebastián y Mayor “y en el caso de haber sido adquiridos a CEMA Chile, se obtenga toda la documentación relativa a las correspondientes enajenaciones”.

Le siguen la identificación de las cuentas corrientes y productos bancarios, el destino de los bienes, su precio de venta y su valorización comercial a la época de la enajenación; también la entrega por parte del Ministerio de Justicia de las memorias, balances y “procesos de fiscalización que hubiere realizado en uso de sus atribuciones legales”.

En esa línea indica el escrito, deberían declarar el jefe jurídico de la Municipalidad de Chillán y el administrador edilicio, Ricardo Vallejos y Pedro San Martín, respectivamente.

Asimismo, el CDE pide que sea la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) la que lleve a cabo el procedimiento. Y en particular, que se efectúe un levantamiento patrimonial desde 1973 a la fecha, analizando además las fuentes de ingreso y actividades de CEMA Chile.

Si la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza la reapertura del caso Riggs, existiría una última y rebuscada posibilidad para el CDE -y de pronóstico negativo- en la Suprema.