Ayer, a última hora el propio fiscal nacional Jorge Abbott ingresó al tribunal la solicitud de desafuero del senador UDI Jaime Orpis en el caso Corpesca.

La solicitud de Abbott se funda en nuevos antecedentes proporcionados por el Ministerio Público en los que se fundamenta el fraude en que habría incurrido el senador Jaime Orpis (UDI) por hacer mal uso de las asignaciones parlamentarias.

El pasado 24 de octubre la Fiscalía ya había solicitado el desafuero del parlamentario por mal uso y apropiación vía asesorías inexistentes de terceros de $71.310.688 correspondientes a las llamadas asignaciones parlamentarias.
Abbott fundamenta la solicitud de desafuero de Orpis señalando que «la investigación ha continuado avanzando, lo que ha permitido recabar nuevos antecedentes que fundamentan la petición de ampliación del desafuero», explicando que el congresista defraudó al Congreso en otros $79.693.032. El total suman a $151.003.720.

En estos nuevos antecedentes, la fiscalía descubrió que habría nuevos asesores falsos que boleteraron por servicios no realizados y que los dineros cobrados al senador eran reintegrados a él. Los protagonistas son Lorena Saldías y los abogados Javier Jara y Mario Antonio Candia, según el escrito Entre las 41 boletas que serían ideológicamente falsas, y que se detallan en el escrito, hay asignaciones de Orpis, pero también asesorías inexistentes al Comité de Senadores UDI.

«Orpis presentó boletas de honorario que se indican al Senado, y esta Corporación, en la creencia de que se trataba de trabajos reales, procedió a los pagos», dice el documento. Una vez efectuados los pagos, los emisores le restituían parte del fondo.

Por su parte Carlos Cortés, abogado del parlamentario explicó que: «No hay ni una sola boleta falsa, en que el servicio no se haya prestado, entregada al Senado para que esta sea pagada con dinero fiscal».