Esta tarde la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional presentada por la oposición en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo. En la votación 65 parlamentarios rechazaron el líbelo, mientras que 44 aprobaron la acusación constitucional.

La sesión para acusar a la secretaria de Estado se inició con su exposición en la que se refirió a la citación señalando que «es infundada e improcedente», reiterando que «no he infringido nunca la Constitución ni las leyes».

La ministra Castillo con su abogado defensor, Javier Couso, apeló a la llamada «cuestión previa» con el fin de no dar curso a la acusación argumentando que los antecedentes no cumplen con los requisitos que establece la Constitución explicando que: «La ministra no puede ser acusada por hechos que se encuentran dentro de la esfera de competencia de otras autoridades. La acusación es excepcional y para situaciones graves. Los hechos deben tener una gravedad suficiente para justificar la procedencia de una acusación constitucional».

Por su parte el presidente de la comisión revisora de la acusación, Lautaro Carmona (PC), entregó los fundamentos por los cuales la instancia -integrada por cinco diputados oficialistas- rechazó todos los capítulos de la acusación constitucional.

Carmona señaló que «no se trata de que la ministra pierda el cargo de ministra, porque lo puede perder si lo estima la Presidenta de la República (…) se trata de que va a haber una sanción por cinco años que le quita sus derechos ciudadanos y le priva la posibilidad de ejercer en el sector público».