Este miércoles, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el ministro de Defensa y el comandante en Jefe del Ejército, entregaron datos sobre el fraude que afectó a la institución castrense y que -hasta ahora- involucra a cinco militares del Comando de Apoyo a la Fuerza y a empresas proveedoras de servicios. A la fecha, se estima que desde 2011 se habrían defraudado un total de $6.791.378.827, correspondientes a 2.377 facturas falsas. Ambas autoridades manifestaron su total disposición para entregar la información disponible y aclarar hasta las últimas consecuencias los hechos.

Con la exposición del Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, y del comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, se inició la ronda de audiencias de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde 2011 a la fecha.

El ministro Gómez valoró la oportunidad que brinda la Comisión Investigadora para poder explicar cuáles son las situaciones relativas a este fraude que afectó al Ejército y comprometió la entrega de todos los antecedentes que se requieran para determinar los procedimientos que se utilizaron y los responsables de los hechos dentro del ámbito de competencia de la instancia parlamentaria.

Recordó que esta situación se está estudiando en distintas vías, como son la justicia militar, ahora a cargo de un ministro de fuero de la Corte Marcial; y a través del Ministerio Público. Además, resaltó que está participando el Consejo de Defensa del Estado, como representante de la institución Ejército, para poder llevar adelante todas las diligencias que se requieran.

Gómez relevó la labor que realiza el Ejército en el país y sostuvo que los criminales detectados al interior del Ejército ya han sido despedidos. Asimismo, aseguró que si es necesario seguir la investigación a fondo así se va a hacer. «Así se ha comprometido por parte del Comandante en Jefe del Ejército y así se compromete también el Ministerio de Defensa», reafirmó, acotando luego que se buscará a todos los que hayan participado de este fraude, sin importar el grado de los eventuales responsables.

Sostuvo que la mayor parte de los antecedentes son públicos y, en dicho plano, especificó que el fraude comprende un total (hasta la fecha) de $6.791.378.827, correspondientes a 2.377 facturas cuyas empresas ya fueron sacadas del registro de proveedores del Ejército. Misma acción se habría solicitado en otras ramas de la Defensa, donde se comprobó también estaban inscritos.

Ejército
El general Humberto Oviedo agradeció la oportunidad de representar a su institución y recalcó que no vino a defender a delincuentes, ni a justificar actos ilícitos. «Para mí es muy doloroso el poder estar aquí, pero, insisto, no vengo a dar explicaciones de justificación de actos ilícitos, sino por el contrario, a entregar los antecedentes para esclarecer los hechos», precisó.

Expresó su deseo que estos hechos, que calificó como repudiables, sean rápidamente aclarados y no se siga poniendo en juego la confianza de la institución y de todos los chilenos.

Informó que, desde diciembre de 2014, se han adoptado una serie de medidas de control en el ámbito financiero, gestión y de fiscalización, incluso del sistema de seguridad que tiene que ver con las personas. «Aparece como raro que una persona de un grado inferior haga gastos excesivos que no tiene relación con su sueldo y nosotros no podamos saber qué pasa con él. Efectivamente, ahí hay falencias que el sumario va a poder decretar y ver los responsables de porqué no se hicieron esas medidas de control que existen reglamentariamente en el Ejército», agregó.

En su presentación, el general Oviedo entregó una línea de tiempo de los hechos ocurridos (se detectan seis facturas falsas, en abril de 2014), las personas involucradas (entre ellos, cinco uniformados) los montos, el mecanismo usado por los infractores y las diversas acciones que se siguieron por parte de las autoridades de la institución tras detectarse la irregularidad, partiendo por la denuncia que realizara el general a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (donde se concretó el fraude) y que motivó la realización del primer sumerio interno.

Humberto Oviedo comunicó que, a la fecha, se encuentran procesados y detenidos en el Regimiento de Policía Militar el ex Coronel Clovis Montero, el cabo Juan Cruz Valverde, el ex suboficial Claudio González y los sargentos Miguel Escobar y Millaray Simunovic. A los anteriores, desde el ámbito civil, se encuentran bajo investigación Francisco Huincahue (ya procesado por fraude al fisco), a los responsables de la empresa Inversión y Comercio Capellán S.A. y a Raúl Fuentes.

En sus conclusiones, el general destaca que los hechores del fraude vulneraron los sistemas de control vigentes aprovechándose de ocupar cargos claves en el sistema de control, gracias a su vasta experiencia en los cargos y a la confianza depositada por la institución en la honorabilidad de las personas. «Se trata de un acto delictual extremadamente malicioso, cometido en el contexto de un proceso normado», especificó, acotando luego que la institución aplica «tolerancia cero» con cualquiera de sus integrantes que cometa un ilícito.

Las reacciones
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Jaime Pilowsky (DC), sostuvo que la Comisión llegará hasta las últimas consecuencias, sin importar el grado militar de los involucrados, para determinar los hechos ilícitos que se produjeron, el monto total defraudado, las fallas de control existentes y las responsabilidades políticas y administrativas en este caso. Además, dijo que se procurará evaluar las modificaciones legales y reglamentarias necesarias, en particular a la Ley Reservada del Cobre, cuyo proyecto de reforma está hoy en el Senado y respecto de la cual es necesario acelerar el trámite.

Indicó que, según lo indica un oficio de fiscalización recibido recientemente, los hechos se habrían iniciado más allá de 2011 y podrían, por tanto, involucrar montos superiores a los hoy informados y que al inicio se limitaban a cien millones de pesos.

El legislador dijo que, en la próxima sesión, se continuará analizando con el Comandante en Jefe del Ejército los controles existentes en la institución y que hoy se comunica han mejorado. «Nos interesa saber porqué no se tomaron antes», recalcó, al tiempo que evaluó una mala gestión en la materia. «Creo que hay fallas inexcusables del Comando, la Contraloría y la Tesorería», acotó.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) adelantó que una próxima citación se dirigirá a los altos cargos de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, ello tras la información entregada por el Ministro de Defensa en relación a que varios de los proveedores que estarían cuestionados por algunos delitos tendrían contratos vigentes con la Fuerza Aérea y con la Armada.

“Podríamos incluso llegar a solicitar una ampliación de la investigación que desarrolla la Comisión para indagar posibles irregularidades en el resto de las Fuerzas Armadas”, apuntó, estimando que sería gravísimo que estos proveedores tengan participación y contratos vigentes por montos altos con el resto de las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que obligaría a aumentar el plan de fiscalización y control.

El diputado Guilerrmo Teillier (PC) consideró que se está frente a un hecho muy grave, porque se calcula que desde 2008 se vienen cometiendo estos ilícitos que involucra dineros de todos los chilenos, proveniente de la Ley Reservada del Cobre. «No se puede permitir de ninguna manera este despilfarro», reafirmó.

Cuestionó que un fraude de casi siete años no fuera detectado sino hasta el año pasado, superando todos los controles de la institución. «Queremos indagar hasta el fondo porque las explicaciones generales no sirven. La ciudadanía tiene una sospecha muy fundada y hay que darle respuesta a esa sospecha con toda claridad y las instituciones armadas no son un estanco aparte, tienen que ser fiscalizadas al igual que todos», puntualizó.

En la misma línea, el diputado Felipe Letelier (PPD) cuestionó que el fraude se haya realizado teniendo enfrente cinco mecanismos de control de distintas instituciones. En dicho plano, planteó que la Comisión tiene una oportunidad histórica para realizar cambios y mejorar el sistema de control de las instituciones. «Que nunca más tengamos a las Fuerzas Armadas dando explicaciones en una Comisión Investigadora», enfatizó.