El Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá definir en las próximas semanas si se querella o no en la investigación a los civiles involucrados en el eventual fraude al Ejército con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. La fiscal metropolitana Centro Norte, Ximena Chong -quien indaga esta arista del caso-, envió los antecedentes al SII con el fin de que se analicen posibles delitos tributarios. En la investigación, según detalla hoy «El Mercurio», se han detectado supuestos ilícitos como la facilitación ideológicamente falsa de boletas y facturas por trabajos no realizados, y que las empresas proveedoras del Ejército no habrían declarado sus impuestos. A ello se suma que también las facturas serían materialmente falsas, porque no tenían timbre.
Proveedores
El 13 de enero serán formalizados por fraude al fisco -en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- dos proveedores del Ejército, luego que surgieran nuevos antecedentes en el caso. Se trata de Raúl Fuentes y César Fuentes, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole y Comercio Capellán, respectivamente. Ese día también se le formularán nuevos cargos a Francisco Huincahue -dueño de la empresa Frasim- ya formalizado en la causa de este fraude. Según una ampliación de querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), además de los hechos ya imputados, Huincahue entregó facturas ideológicamente falsas de su empresa Frasim a los procesados Clovis Montero, coronel (r), y a Juan Carlos Cruz, cabo, entre junio de 2013 y marzo de 2014 por $325 millones, monto que corresponde al perjuicio fiscal. Huincahue emitía las facturas a Montero y este se las daba a Cruz, «quien procedía a confeccionar los documentos pertinentes y a falsificar los vistos buenos y aprobaciones de oficiales superiores, ingresándolas a trámite de pago en tesorería del Ejército», dice esta querella. «Una vez obtenido el pago de las facturas por parte de Francisco Huincahue, se repartían dichos dineros entre todos los involucrados», agrega el CDE. Sumadas estas nuevas facturas a las que fueron materia de la formalización contra Huincahue en octubre de 2014, el perjuicio fiscal total en su caso asciende ahora a $429 millones. La misma manera de operar habrían usado los imputados Raúl Fuentes y César Fuentes, quienes facilitaban facturas a los suboficiales, también procesados por la justicia militar, Claudio González y Miguel Escobar. Esto se hizo entre 2010 y 2014, alcanzando un perjuicio fiscal cercano a los $2 mil 61 millones. Iguales maniobras realizaron los querellados por el CDE Waldo Pinto y Pedro Salinas, con la entrega de facturas «falsas» a funcionarios del Ejército, cuyas identidades se indagan, por $29 millones y cerca de $840 millones respectivamente. Contra estos últimos aún no se pide formalización.
