Un avance significativo tuvo en la Comisión de Constitución del Senado, la denominada agenda corta antidelincuencia, luego que la instancia aprobara aumentar de 10 a 15 años el piso de las penas para los delitos más violentos. Así lo explicaron los integrantes de esa instancia legislativa, senadores Alberto Espina y Pedro Araya, tras relevar los cambios que se están introduciendo a la iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta.

Cabe recordar que el proyecto facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, además de mejorar la persecución penal para dichos delitos.

«Hemos avanzado en materias muy importantes con el propósito de lograr que los delincuentes peligrosos queden en la cárcel y no en libertad como ocurre hoy día», dijo el senador Espina tras explicar que se «subió la pena para los casos de robo calificados, que son los casos de robo con violación, robos con homicidio, robos con lesiones graves gravísimas. Hoy día esa pena comenzaba en los 10 años y ahora se aumenta de 15 años hasta presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años en la cárcel».

Asimismo, el senador destacó que uno de los cambios más relevantes que aprobó la Comisión «es que el juez no va a poder aplicar una pena inferior de aquella que señala el Código Penal. Por ejemplo, si el delito de robo tiene una pena de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, el juez no va a poder aplicar una pena inferior a los 15 años. Eso es un cambio de fondo que va a colaborar mucho para disminuir la impunidad de los delitos».
Agregó que también se estableció como agravante cuando el delito es cometido por un grupo de personas aunque no sea una asociación ilícita. «En el fondo hemos ido endureciendo fuertemente la legislación. Lo importante es sacar esta ley lo antes posible porque con estas normas creo que no va a haber ninguna excusa para que los jueces dejen libres a delincuentes peligrosos».

Mano dura de verdad
Por su parte, el senador Pedro Araya destacó los avances en materia de aumento de penas, pero advirtió que aún falta «bastante por avanzar, sobre todo en las normas de carácter procesal que permitan mejorar la persecución penal, que le entreguen más atribuciones a la policía y al Ministerio Público para poder aclarar ciertos delitos en los cuales presentan una alta tasa de delitos que no tienen resultados, sobre todo delitos contra la propiedad».

Explicó que «se aumentó la pena en delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado aumentando los pisos de pena y estableciendo que en ciertos delitos como son los más graves, no van a haber derecho a beneficios sino que van a haber penas efectivas de cárcel».

El legislador precisó que «está quedando pendiente lo que dice relación con las nuevas atribuciones que se le entregan a la policía y lo que dice relación con el control de identidad preventivo que es lo más polémico de este proyecto».

En tal sentido aclaró que «tenemos posiciones distintas respecto de cómo abordar el control preventivo de identidad, sobre todo teniendo presente que las normas que hoy se pretenden implementar por este proyecto ya están consagradas en el Código Procesal Penal y que probablemente lo más conveniente sea hacer algunas precisiones a esas normas, más que introducir una norma nueva».

En opinión del senador Araya, «la forma en que está redactado no soluciona el problema, sino que más bien va a complejizar la actuación de las policías sobre todo por la cantidad de información que recibe».