Durante la semana que termina, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que busca retirar de todas las dependencias públicas, fotografías e imágenes referidas a las personas que, en el uso de sus funciones y poderes públicos, hayan sido condenados como autores, cómplices o encubridores de actos de violación a los derechos humanos, como el retrato del ex director de la DINA, general (R.) Manuel Contreras que aún cuelga en la Academia de Guerra del Ejército. Hace unas semanas, en la comisión de Defensa, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, afirmó que era decisión de la institución si se retiraba el retrato.
La iniciativa titulara “Solicita a S.E. la Presidenta de la República adopción de medidas que garanticen los derechos de víctimas de derechos humanos”, fue presentada por los diputados Sergio Ojeda (DC), Ricardo Rincón (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Yasna Provoste (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Roberto Poblete (IND), Juan Enrique Morano (DC) e Iván Fuentes (IND) y fue aprobada por 65 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones.
En bloque 20 diputados de la UDI y RN votaron en contra: José Antonio Kast, Arturo Squella, Diego Paulsen, Joaquín Lavín León, Gustavo Hasbún, María José Hoffmann, Jorge Ulloa, Pablo Alvarez-Salamanca, Ramón Barros, Andrea Molina, Ernesto Silva, David Sandoval, Marisol Turres, German Verdugo, Felipe Ward, Sergio Gahona, Javier Hernández, Renzo Trisotti, Arturo Squella y Enrique Van Rysselberghe.
El texto de los parlamentarios que presentó el proyecto de acuerdo se refiere explícitamente a la existencia de una serie de fotografías u otras imágenes de toda autoridad que ha sido condenado por la justicia por violaciones a los derechos esenciales de las personas y de toda dependencia e institución pública que lejos de constituir a una negación o ocultamiento histórico, “es un mínimo acto de satisfacción hacia las victimas que forma parte de la reparación completa que les es debida hace más de 20 años y a la que el Ejercito de Chile y el Estado está jurídica e internacionalmente obligado”, dice el texto parlamentario.
Añadieron que clarificar el tema por medio de la aprobación de una resolución pretende tomar, entre otras medidas, el retiro de toda imagen de violadores a los derechos humanos de todas las dependencias públicas y reemplazarla por una imagen que simbolice un no rotundo a la violación a los derechos humanos, como una regla administrativa permanente de un Estado respetuoso de los derechos.
