Un juez anticorrupción de La Paz envió hoy a la cárcel a Julia Ramos, ex ministra de Desarrollo Rural de Evo Morales, en una investigación de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia.
La Justicia boliviana investiga el destino de 686 millones de bolivianos (98 millones de dólares) del Fondo de Desarrollo Indígena que fueron transferidos de forma ilegal a 978 cuentas particulares.
El Fondo Indígena es una institución que financia proyectos de desarrollo a favor de las comunidades originarias. La entidad fue acusada de desviar recursos a cuentas privadas y de provocar una pérdida para el Estado de 98 millones de dólares.
La investigación del caso del Fondo Indígena provocó la detención de al menos 12 personas, incluyendo a Julia Ramos, que fue ministra de Desarrollo Rural de 2006 a 2009.
Ramos estaba en celdas judiciales desde el jueves pasado por la entrega de dinero para ocho proyectos «fantasmas» (obras no ejecutadas). Ahora por orden del juez Ricardo Pinto será trasladada a la cárcel de mujeres del barrio paceño de Obrajes.
Otra ex ministra de Morales que es investigada es Nemesia Achacollo, una indígena quechua que estuvo unos cinco años a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural. Achacollo renunció en agosto pasado.
También se produjo la semana pasada la detención del senador oficialista Jorge Choque y del ex candidato opositor a la gobernación del departamento de Chuquisaca, Damián Condori. Ambos estarían vinculados con casos de corrupción en el Fondo Indígena.
Otra involucrada es la ex embajadora boliviana en Ecuador, la indígena aymara Maribel Santamaría, quien recibió 2,5 millones de bolivianos (320.000 dólares) para cuatro proyectos en el área rural.
También dimitió el indígena del pueblo ayoreo, Rosendo Alpiri, que era embajador de Bolivia en Paraguay. Alpiri está acusado de firmar un proyecto de capacitación de pueblos indígenas y recibir un desembolso de 633.686 bolivianos (91.046 dólares).
La ex candidata oficialista a la gobernación de La Paz, la aymara Felipa Huanca, es investigada por el destino de 140.947 bolivianos (21.000 dólares) para un programa de la organización campesina «Bartolina Sisa».
«Hay 253 responsables del manejo del dinero del Fondo Indígena en varios proyectos«, reportó la Contraloría General tras comprobar malos manejos de recursos asignados en el período 2010-2013.
La Contraloría General es una institución estatal encargada de investigar el uso de recursos fiscales y sus resoluciones dan pie a procesos judiciales para establecer inocencia o culpabilidad.
El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre de 2005 como entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, con el mandato de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de Bolivia.
El Fondo Indígena recibe un cinco por ciento de la renta petrolera y en los últimos nueve años distribuyó a ocho organizaciones campesinas 327,8 millones de bolivianos para programas sociales y productivos en el área rural de los nueve departamentos de Bolivia.
Fuente: agencia dpa
