Human Rights Watch criticó hoy el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y denunció que es «un acuerdo de impunidad» lleno de «promesas vacías» que «sacrifica el derecho de las víctimas de justicia».

«Es una piñata de impunidad», dijo en rueda de prensa en Washington José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien considera que el acuerdo garantiza que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto «eludan cualquier tipo de castigo genuino».

Vivanco cree que «la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Constitucional de Colombia deberían examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen».

El pasado 15 de diciembre, los negociadores del gobierno y las FARC anunciaron en La Habana un Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, que establece que un nuevo Tribunal para la Paz se ocuparía de juzgar a responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado.

Aunque el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad, HRW denuncia que un análisis minucioso del texto revela «numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías».

HRW denuncia que los responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen atrocidades quedarán eximidos de prisión o de cárcel. En cambio, quedarán sujetos a «sanciones» que tendrán una «función restaurativa y reparadora» -en lugar de punitiva- y que consistirá en llevar acabo «proyectos» para asistir a las víctimas del conflicto. Por ejemplo, construir una escuela.

«Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves», recordó el responsable de HRW. «Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio», lamentó Vivanco.

Esta ONG también denuncia que el acuerdo indica que quienes reconozcan su crímenes no quedarán sujetos a ningún tipo de restricciones a sus derechos políticos, incluido el derecho a participar en política.

HRW considera que «ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo la pena».

«Lo que va a primar en este acuerdo es la impunidad y no la justicia», denunció Vivanco, quien consideró que este convenio «contiene graves vacíos y debe ser objeto de una reforma», porque «no cumple mínimamente con los estándares básicos en materia de derechos humanos».

Esta ONG cree que se debería garantizar la total independencia del Tribunal Especial para la Paz y aclarar los mecanismos de selección de los jueces.

«Esos jueces no pueden estar supeditados, de ninguna manera, a simpatías o antipatías de tipo político con las partes. Deben contar con una independencia total», pidió Vivanco, quien propuso que fuera el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon el que se encargara de la selección de los jueces de ese tribunal.

HRW denunció los términos del acuerdo, porque considera que «es importante que la sociedad colombiana e internacional sepa lo que está en juego». Y pidió que «antes de aplaudir o rechazar un acuerdo de esta naturaleza, lo revisen y verifiquen si esto es tan grave como lo que estamos denunciando el día de hoy».

«Nosotros apoyamos con gran entusiasmo las negociaciones de paz, pero al mismo tiempo estamos muy atentos para que en esas negociaciones el resultado no sea impunidad a graves violaciones a derechos humanos», dijo el responsable para las Américas de HRW, quien señaló que el proceso de paz se debería construir «sobre unos mínimos estándares de justicia».

El Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto «no constituye un progreso, sino un retroceso», añadió el activista chileno.