El alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, disparó hoy en contra del presidente del Senado, Patricio Walker, y sus hermanos: Ignacio Walker y Matías Walker.
El edil hizo mención a la investigación que impulsa el Ministerio Público en torno al financiamiento ilegal de la política que involucra a dos sociedades de la familia Said (inversiones Caburga y Newport).
Ambas rectificaron en el Servicio de Impuestos Internos (SII) pagos por casi $750 millones, tal como consta una investigación de Ciper.
La lista aparecen sociedades de Sebastián Piñera y de los senadores Andrés Zaldívar (DC), Francisco Chahuán (RN) y Walker y Valdivia Servicios Legales Limitada.
Esta última, sociedad que recibió $5 millones el 2009. Monto que fue rectificado por Inversiones Caburga.
Según Ciper, los negocios de este grupo económico se concentran en el banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Envases del Pacífico y acaban de enajenar su participación en el mercado de la salud a través de Isapre Cruz Blanca, negocio que les reportará 90 millones de dólares.
Al respecto, el alcalde Muñoz sostuvo: «Esta situación de carácter político legal debe ser aclarada por el presidente del Senado ya que una de las empresas del parlamentario es mencionada por un medio de comunicación como supuesta receptora de aportes ilegales el 2009”.
«Desde la Patagonia necesitamos saber a qué tipo de asesoría corresponde esta boleta o factura que se emitió, ya que existe la legitima sospecha de que podría haber un financiamiento ilegal o donaciones encubiertas al senador Patricio Walker y sus hermanos«, declaró en El Divisadero.
Agregando que “permanentemente vemos a un parlamentario que desde la presidencia del Senado habla de transparencia, invitando incluso a terminar con la opacidad. Por este motivo, esperamos que este concepto tan utilizado por Patricio Walker a través de la prensa nacional, se materialice mediante una aclaración contundente a esta situación dada a conocer por Ciper que lo involucra con supuestos aportes ilegales”.
En su artículo, Ciper deja en claro que «a pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías -y también por personas que recibieron esos pagos- que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado ni un solo avance judicial. No obstante, CIPER pudo confirmar por distintas vías que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan requiriendo información de las operaciones contables de las empresas del Grupo Said».
