Las empresas proveedoras del Ejército, las sociedades Katherine y Nicole & Comercio Capellán representadas por Raúl fuentes y Cesar Fuentes, sería formalizadas en el caso de fraude a la Ley Reservada del Cobre, cuya arista civil investiga la fiscal metropolitana Centro Norte Ximena Chong, quien solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya que surgieron nuevas pistas del millonario desfalco.
Ambas empresas emitieron facturas falsas entre 2010 y 2014 por $2 mil 61 millones, que fueron entregadas a los Clovis Montero (Coronel R.) y al cabo Juan Carlos Cruz, sostiene el CDE.
Adicionalmente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplio la querella que ya había interpuesto y solicitó fecha para imputar nuevos cargos a uno de los principales involucrados, Francisco Huincahue (Frasim), que ya se encuentra formalizado en esta causa, por facilitar facturas falsas que permitían el fraude.
Según establece la investigación, las facturas de Frasim (empresa de Huincahue) eran entregadas al ahora coronel en retiro Clovis Montero y al cabo Juan Carlos Cruz, operaciones que se realziaron sistemáticamente entre junio de 2013 y marzo de 2014 generando un perjuicio fiscal por $325 millones.
A través de la falsificación de las autorizaciones, estas facturas eran tramitadas por el cabo Cruz que las ingresaba al sistema de pago de la tesorería del Ejército: “Una vez obtenido el pago de las facturas por parte de Francisco Huincahue, se repartían dichos dineros entre los involucrado” señala la querella del CDE.
En la investigación se pudo determinar que similar operación de emisión de facturas falsas emitieron las empresas de Waldo Pinto y Pedro Salinas, que habrían recaudado –fraudelentamente- $29 y $840 millones respetivamente.
Solo por estas operaciones que tenían como finalidad recaudar dinero del Ley Reservada del Cobre para luego repartirlo entre los involucrados, generó pérdidas al Estado por más de $3 mil millones, establece el CDE, que advierte sobre más involucrados del Ejército.
Recordemos que al inicio del caso, agosto pasado, las investigaciones de la fiscal Jofré, revelaron que existen unas 2.500 facturas presuntamente irregulares, algunas ideológicamente falsas y otras que ni siquiera tienen el timbre de Impuestos Internos. Las indagaciones apuntan, además, a que hay una veintena de sospechosos civiles y militares, supuestamente involucrados en el desvío de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. El fraude, ante el cual el gobierno ha mantenido un vasto silencio, supuso el pago durante años de reparaciones y compras de repuestos para vehículos militares que jamás fueron realizadas.
