Fue durante el gobierno de Piñera que se instaló con fuerza la idea de reformular el sistema de financiamiento de las fuerzas armadas chilenas que depende de la Ley Reservada del Cobre (10% de los ingresos de la cuprífera son reservados para la Defensa), de hecho los ministros de defensa de ese gobierno ingresaron sendos proyectos para iniciar el proceso de cambio de legislación, pero que está prácticamente estancado en el Parlamento. La propuesta es un sistema plurianual que no convence a Hacienda.
Lo que generó que se reinstale la discusión público-político de la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento de la Defensa es el llamado MilicoGate que ha dejado al descubierto las debilidades del sistema que ha sido estafado de manera sistemática desde, a lo menos, 2011, beneficiando a un grupo de personas pertenecientes al Ejército y a empresas proveedoras de esa institución.
Este sábado el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, asegura que el 2016 será el año de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, pero el comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, sale en otro diario defendiendo dicho cuerpo legal, dejando entrever que el diálogo entre el ministro y el jefe militar no es –a lo menos- muy fluido o claro en esta materia.
El comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, al ser consultado por la derogación de la Ley Reservada del Cobre dice: “A mí no me corresponde defender una forma de financiamiento, pero puedo decir con firmeza que debemos ser muy cuidadosos con la mantención de la capacidad militar. En eso me apoyo en lo que ha expresado la Presidenta de la República en su mensaje nacional y en una clase magistral dictada en esta esfera. Me parece que cualquier sistema de financiamiento que se resuelva no puede poner en peligro la capacidad militar del país para su defensa. Debemos tener los recursos para que lo que definimos como capacidad militar pueda estar operativa y vigente, bien entrenada y con capacidad de actuar. El modo de solución de esta problemática obviamente está en otro nivel, no en el nuestro, pero ojalá no llevemos esta discusión a que la sociedad civil ponga en cuestionamiento lo que debe tener su ejército. Porque ésa es una definición de país, de Estado”.
Oviedo explica que “No es lo que queremos los militares, como un capricho nuestro. Cuando yo invierto en seguridad es un intangible difícil de dimensionar todos los días. Pero cuando lo necesito y no lo tengo es muy peligroso. Por lo tanto, yo trataría de ayudar a la reflexión diciendo que tenemos que invertir en Defensa. Ahora, la modalidad para hacerlo es una discusión a nivel nacional”.
Por su parte el ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR) al ser consultado por El Mercurio: ¿ Se puede esperar que para 2016 venga una propuesta de derogación de la Ley del Cobre? -Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación…pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016.
Gómez explica además el sentido de financiamiento de la Defensa señalando que: “ Creo que lo fundamental para nosotros es que exista presupuesto asegurado. Que podamos planificar. Todos estos procesos son de larga data. Se pueden demorar 10 años en concretarse. En esta lógica de planificación de aquí al 2026, nosotros deberíamos tener asegurados los recursos para poder adquirir los compromisos”.
Efectivamente lo que necesita el país en materia de Defensa, es asegurar la disuasión y tener fuerzas militares listas no sólo para el escenario bélico, sino que para prestar apoyo inmediato ante catástrofes naturales, tal como lo han estado haciendo desde 2010.
En este escenario de derogación de la Ley Reservada del Cobre, que para muchos es simplemente quitarle los recursos a las FF.AA., es una visión errada ya que lo que se busca es mejorar y asegurar la financiación militar, con procesos más transparentes de compra y distribución de los recursos, tal como lo hacen las FF.AA. de los países OCDE, cuyos parámetros aplica (o quiere) Chile.
Sí, no se puede dejar pasar por alto que Perú, se ha rearmado de manera importante a partir de la instauración de una Ley Reservada de Minería que promulgó el Presidente Humala.
Entrevistas como las publicadas hoy en El Mercurio y La Tercera, deja la sensación que el diálogo fluido entre la autoridad de Defensa y el jefe del Ejército, no es muy clara porque no hay un alineamiento de Oviedo a lo que dice Gómez.
