La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente comenzó a ofrecer las primeras salidas alternativas al juicio oral para los principales imputados en el denominado “Caso CNA” o “Caso Lucro”. Se trata del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz, y de los ex rectores de la Universidad del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente. Para todos ellos, el Ministerio Público abrió la posibilidad de procedimientos abreviados a cambio de la aceptación de los hechos imputados -por los cuales pasaron un mes en prisión preventiva- y de esta manera, optar a una rebaja en la pena. Según confirmó a Emol el abogado de Zúñiga, Juan Carlos Manríquez, en el caso de su representado se exploran dos alternativas: la suspensión condicional del proceso y un procedimiento abreviado. «Estamos analizando ambos escenarios, los cuales deben ser aceptados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)», que es querellante en la causa. Asimismo, agrega que los acercamientos «comenzaron hace un par de meses, cuando el fiscal Carlos Gajardo planteó distintas posibilidades de salidas alternativas, y atendido al tiempo transcurrido y habiéndose esclarecidos varios puntos centrales, creemos que es posible no llegar a un juicio oral». Las mismas alternativas se estaría discutiendo con las defensas de Maulén y Díaz, quienes -al igual que Zúñiga- están sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma cada dos meses. Diligencias pendientes mientras, la causa aún permanece abierta a la espera de diligencias pendientes solicitadas hace un año por la defensa de Ángel Maulén, luego que la Fiscalía presentara acusación en contra de todos los imputados, esto es, los tres directivos mencionados además del rector de la Universidad Sek, José Enrique Schroder, y las personas jurídicas de las casas de estudio involucradas. Estas tienen relación con datos requeridos a las instituciones educacionales con el objeto de que se informe respecto a si miembros o ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile han trabajado o prestado asesorías o servicios similares a los establecimientos pedidos.
La acusación -que luego fue dejada sin efecto- había sido presentada por el fiscal Carlos Gajardo en diciembre de 2014. En ella, quien arriesgaba la mayor de las penas era Díaz, contra quien el ente persecutor penal propuso una condena total de 12 años de presidio. En su caso, el Ministerio Público había solicitado 5 años y 1 día de presidio por el delito de lavado de dinero; 4 años de presidio menor por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secreto; y 3 años y 1 día por delito tributario. Para Zúñiga y Maulén, en tanto, la Fiscalía había pedido 5 años y 1 día de presidio por el delito de lavado de dinero y 3 años y un día por soborno, mientras que para Schroder solicitó 800 días de presidio menor por el ilícito de soborno. Respecto a las personas jurídicas, la Fiscalía había propuesto la prohibición de celebrar contratos con organismos del Estado por un periodo de 3 años, además de una multa de 10.000 UTM a excepción de la U. del Mar, a la cual se le pide el pago de 2000 UTM.
