Anoche la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la ley corta de gratuidad.
Este martes continuará con el siguiente paso legislativo que es ser vista en Sala y el miércoles en víspera de Navidad, será presentada al Senado y -si no hay reparos- podría ser despachada ese mismo día.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pepe Auth, señaló que la ley corta ha establecido que «todas las universidades estatales serán beneficiadas para el 50% de sus estudiantes en materia de gratuidad». Además, aclaró que no se ha hecho distinción entre las universidades privadas que tengan cuatro años de acreditación y que no sean propiedad de una sociedad con fines de lucro. «Al mismo tiempo hemos elevado la beca Nuevo Milenio a miles de estudiantes de la enseñanza técnico superior», agregó.
Lo que rectifica la «Ley Corta»
Recordemos que el Tribunal Constitucional -a petición de la oposición- objetó la glosa sobre gratuidad en la Ley de Presupuestos 2016, el Ejecutivo ingresó a tramitación el proyecto que corrige la materia en discordia, contenida en la Partida 09, del Ministerio de Educación.
Los cambios se realizan, en primer lugar, a la glosa 07 del programa 29, relativa a los convenios marco para Universidades Estatales, con un incremento de recursos con el objeto de financiar programas de mejoramiento de la calidad, del Ministerio de Educación. Los representantes de la Presidenta de la República en el directorio de cada institución velarán por su implementación.
En segundo lugar, se realizan reasignaciones en la asignación 200, Becas de Educación Superior. Por una parte, se incrementa el monto de la Beca Nuevo Milenio para estudiantes de los cinco primeros deciles matriculados en instituciones sin fines de lucro o que se comprometan a ajustar su naturaleza jurídica para constituirse como tal. Se incrementa, además, el monto de la Beca Nuevo Milenio para mejores alumnos de su promoción y se realizan otros ajustes a becas.
En tercer lugar, se modifica la glosa 05 del programa 30, estableciendo la obligación de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes que cumplan con los requisitos señalados y que se comprometan a alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional.
