Los dueños del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, se anotaron un importante triunfo en el marco del proceso judicial que hay en su contra: el 8º Juzgado de Garantía de Santiago aceptó este lunes sustituir el arresto domiciliario nocturno que actualmente cumplen.

Todos ello, investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilegal de la política.

El tribunal justificó la medida asegurando que la firma quincenal y el arraigo nacional satisfacen el cumplimiento de los fines del procedimiento.

De esta forma, desestima la fundamentación del fiscal Pablo Norambuena. El persecutor considera que existe peligro de fuga y que la libertad de los empresarios representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Norambuena asegura que los dueños del grupo Penta y Pablo Wagner arriesgan penas efectivas de cárcel en caso de ser declarados culpables, por cuanto se concertaron previamente para actuar en grupo y cometer los ilícitos.

Por su parte, la defensa basó su requerimiento en el tiempo transcurrido desde la fecha de formalización, la reparación con celo del mal causado, ya que se devolvió el dinero defraudado; y el arraigo familiar y laboral que presentan los imputados, consignó Emol.

Desde el 7 de marzo, los dueños del holding quedaron en prisión preventiva con medidas cautelares. Tras estar 45 días en el anexo Capitán Yaber, quedqaron con la modalidad de arresto domiciliario total, la que se revocó el pasado 9 de julio.

En esa ocasión el 8° juzgado de garantía los dejó con arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6:00 de la mañana.

En tanto, Pablo Wagner quedó en prisión preventiva el pasado 7 de marzo. Sin embargo, luego de 52 días en el anexo Capitán Yáber, el 8° Juzgado de Garantía revocó la medida y lo dejó con arresto domiciliario total.

El caso Penta tiene relación con un supuesto fraude al Fisco por parte de Empresas Penta, mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios «ideológicamente falsas» —emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa— que, entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Actualmente el caso está en plena investigación por delitos tributarios y por soborno, lavado de dinero y cohecho.