El 11 de julio de 2003 se promulgó la Ley Nº 19.886 que regula en Chile el sistema de Compras Públicas. En la norma, firmada por Nicolás Eyzaguirre, entonces ministro de Hacienda del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, deja establecido que «la respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo establezcan las respectivas bases de la licitación«.

Para tales fines, se fijó el pago de una «Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta» que cumple el rol de garantizar que el oferente mantenga las condiciones de la oferta enviada hasta que se suscriba el contrato, acepte la orden de compra, o bien caucione el fiel cumplimiento de contrato». De igual modo, se reglamentó que su presentación se debía realizar de forma previa al cierre de presentación de ofertas y apertura de éstas.

Dicha ley, sólo obliga a los servicios públicos a exigir boletas de garantía para todas aquellas licitaciones sobre 1000 UTM (más de $38.000.000). La Ley no señala el monto ni porcentajes de acuerdo a lo ofertado para exigir la caución de boletas de garantía a los privados.

Para tales fines, ChileCompras creó el Registro Electrónico de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) donde participan más de 60 mil empresas. El portal se presenta como una vitrina abierta a todo el mercado nacional e internacional. Actualmente, ChileProveedores es operado por la Cámara de Comercio de Santiago.

¿Cuál es el problema?

Hasta aquí todo bien, si se piensa que el Estado y las empresas licitantes ganan por igual y en plena transparencia. Sin embargo, la situación es otra.

«Imaginémonos que ChileCompra levanta un proceso de licitación para que los privados participen y hagan sus ofertas», nos dice el portal Compras Públicas. «Entonces, viene ChileProveedores y les fija un pago para participar, la famosa Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta. Sin embargo, no es el único pago. Una vez adjudicada la oferta, la Mediana y Pequeña empresa tiene que cancelar a ChileProveedores otro pago por inscripción. Y les advierte: ‘Si ustedes pagan tendrán más posibilidades de ganar la licitación’….luego pasan los años y nunca se adjudican nada«.

Para las Medianas y Pequeñas Empresas el costo de esa inscripción es de $16.000, en tanto para las grandes empresas el precio sube a $100.000. «No hay gran diferencia de precio, pese a que la realidad entre unas y otras es radicalmente distinta«, reclama el portal.

«Es una especie de peaje. Lo que no se entiende es por qué se tiene que pagar antes de entrar a la carretera y no cuando sales. El error ese es, porque una Pyme que está naciendo no está en condiciones de pagar y seguir pagando -para mantenerse en el registro- sabiendo que no ganará ninguna licitación. La sensación que les queda es que se los cagaron«, declara.

Y queda otra preocupante situación: Es un negocio pensado por el Estado donde no gana nada el Estado. De hecho, la banca chilena recauda cerca de US$ 60 millones gracias a las comisiones que le cobra a las Pyme.

Pero eso no es todo.

Los tres bancos más grandes del país Santander, Banco de Chile y BCI pertenecen a su vez a la Cámara de Comercio de Santiago. Es decir, quienes cobran las llamadas Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta se encuentran reunidos en un mismo lugar: en ChileProveedores, los administradores del este sistema. Entre sus manos pasa la no despreciable suma de $50.000 millones, en un periodo de cinco años. Es decir, $10 mil millones anuales.

¿Y BancoEstado?

En varias licitaciones, BancoEstado también exige la mencionada boleta. Una práctica que «desincentiva la participación de las pequeñas empresas, estas no se presentan en licitaciones con barreras de entrada tan altas, se encarecen los productos y servicios, el Estado compra más caro y mal gasta los recursos de todos los chilenos«.

«BancoEstado debiera incorporar dentro de sus políticas de licitación mecanismos que permitan promover la Libre Competencia. Existen muchos mecanismos para exigir la seriedad de las ofertas, lamentablemente, siempre se recurre a lo más fácil. Dentro de este contexto, es importante destacar que cuando el mandante (servicio público) no cumple con las bases de licitación, exigiendo a los privados tareas o servicios no estipulados en los Términos de Referencia, o bien cuando el mundo público no cumple con las fechas de pago de facturas o cambia las reglas del juego, las empresas quedan totalmente desprotegidas situación que sólo logra la fuga de privados del sistema de Compras Públicas«, explican a Infogate.

Cálculos

En el año 2014, se publicaron 250.000 licitaciones.  En estricto rigor, la mitad debieran exigirse Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta.

«Hoy día la operación de una boleta de garantía la hace cualquier banco, si es boleta está en orden de 2,5 UF más IVA y si es vale vista está en orden de los $15.000 más IVA», nos explica el portal www.ChileCompras.cl, quienes sacan el siguiente cálculo:

«Por cada licitación se presentan en promedio seis empresas. Supongamos que de las 150.000 licitaciones, el 50 por ciento exija boleta de garantía. Si son 700.000 las boletas que se giran anualmente, multiplicadas por la UF más IVA, da una suma cercana a $36.000.000.000 (US$52.000.000) que capta la banca solamente por boleta de garantía al año«.

«US$ 52 millones desembolsan los privados en pagarle a la banca para sacar Boletas de Garantía por Seriedad de la Oferta. Eso es sin sumar las Boletas de Garantía por Cumplimiento -que están entre el 5 al 10% del monto que tú lo adjudicas- y las Boletas de Garantía por Correcta Ejecución en los Servicios a las Obras«, sentencia.

Incumplimiento

El pasado 30 de abril, la Contraloría General de la República hizo Toma de Razón del Reglamento de Ley de Compras Públicas que contempla 33 modificaciones, las cuales aparecen como «insuficientes» a la luz de los datos entregados.

Hace un año, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció dichas modificaciones a la normativa con el fin de aumentar la participación de Micro y Pequeñas Empresas. «Avanzaremos en modificaciones a ese reglamento para perfeccionar y avanzar aún más los beneficios para la micro y pequeña empresa», sostuvo en dicha ocasión el secretario de Estado.

En cuanto a la obigatoriedad de garantías tanto por seriedad de las ofertas como por fiel cumplimiento del contrato, se esperaba que esta medidas fueran obligatorias para licitaciones sobre las 2000 UTM tal cual lo anunció el Ministro Arenas en 2014, sin embargo; la obligatoriedad de boletas por fiel cumplimiento continúa en el umbral de las 1000 UTM.

De esta forma, no se cumplió con la promesa de que las Pymes tuvieran mayor participación al mantener la figura de la exigencia de boletas de garantía por seriedad y fiel cumplimiento de las ofertas.