El gerente de Pymepes A.G., Alfredo Irarrázaval, salió al paso de la información divulgada por El Mostrador en relación a una serie de correos electrónicos entre la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons y el cuestionado gerente de Corpesca, Francisco Mujica, todos con copia al entonces Subsecretario de Pesca Pablo Galilea, donde se informaba de estas materias y otras de interés que se discutían en la ley de Pesca.

“Es muy grave lo que muestran los correos electrónicos de la Asesora Jurídica María Baltierra y del jefe de la División de Administración Pesquera, Maximiliano Alarma, muestran que el gobierno se coludió con las siete familias para aprobar una ley hecha a su medida”, sostuvo Irarrázaval.

Para el dirigente “la gran industria que habla de probidad y transparencia, debe dar cuenta al país del gran perjuicio que le han hecho al Estado de Chile y a todo el sector pesquero”, recordando que esta actitud de “colusión” se dio durante toda la tramitación de la norma, desde la creación de la llamada mesa pesquera hasta contar con una ley que entregó los recursos pesqueros de todos los chilenos por 20 años, renovables administrativamente a perpetuidad.

La Ilegitimidad de la ley de Pesca

El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, también salió al paso de las denuncias indicando que “la gran industria también intervenido los sindicatos de trabajadores, colocando a pseudo dirigentes como Michel Campillay a trabajar para sus intereses”.

Para el representante de Fetrapes “la fiscalía debe llegar al fondo del asunto y la Presidenta Bachelet esta vez debe seguir sus instintos y anular esta ley ilegítima”.