Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez puede dormir tranquilo y, de hecho, siempre lo ha hecho. Sabe un regla fundamental que comparte con los fundadores del gremialismo: «quien hace las leyes termina ganando el juego». Clave en esta historia fue la gran amistad que entabló con Jaime Guzmán Errázuriz.

Pocas personas podrían estar serenas después de lo ocurrido hoy en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Él sí. Esto, porque conoce perfectamente las leyes. Por eso optó por un juicio abreviado, aceptando los hechos que fundaban la acusación de la fiscalía por el caso Penta, sabiendo de antemano que se pediría una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, más una multa, y conociendo los beneficios que se otorgan por tres atenuantes (reparación con celo del mal causado, su irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial a la investigación tras declarar ante la Fiscalía).

Es pocas palabras: no irá a la cárcel y no perderá sus derechos políticos. Es decir, puede reiniciar -si quiere- una nueva candidatura política.

Novoa siempre ha dormido en paz y tranquilidad. Templanza que ha mostrado en cada una de las veces que ha enfrentado acusaciones en su contra. Basta con repasar su biografía para constatar este hecho.

Estudió en el colegio Saint George y en la Universidad Católica, donde formó junto a otros dirigentes estudiantiles el movimiento gremialista. Grupo que se opuso tenazmente a las reformas sociales. Fue allí cuando conoció a Guzmán. Juntos rechazaron la instrumentalización política de las organizaciones estudiantiles.

Durante la dictadura, asumió como Subsecretario General de Gobierno, tarea que desempeñó hasta mayo de 1982. Durante este período, fue asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez por elementos de la Central Nacional de Informaciones ligados al Departamento de Organizaciones Civiles que estaba bajo su dependencia, y ocurrió la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en circunstancias que hoy se investigan por sospechas de intervención de agentes del Estado.

En 2012, el hijo del dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) -el diputado PPD del mismo nombre- aseguró que «el senador Jovino Novoa nunca ha asumido su responsabilidad política en el crimen de mi padre. Yo nunca he dicho que él tiene responsabilidad directa, nunca lo he dicho, pero él era subsecretario del Interior. En esa subsecretaría había la subsecretaría nacional de los gremios, que era dirigida por Valericio Orrego, que tenía a cargo una brigada laboral y esa brigada trabajaba con (el ex jefe operativo de la CNI) Álvaro Corbalán«.

«Ellos se encargaban de espiar a los dirigentes sindicales y fueron los que le hicieron el espionaje a mi padre. Por lo tanto, tienen una directa responsabilidad en todo lo que fue la parte anterior al crimen, cuando se amedrentó y se le hizo un espionaje feroz a todo lo que hacía mi padre. Ahí faltan muchas responsabilidades. Son personas que siguen actuando en política y que ni siquiera han tenido el castigo social que en otros países como Argentina sí lo han tenido«, declaró el parlamentario.

Otra misión de Novoa en la Subsecretaría General del Gobierno fue preparar el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, destinado a ratificar la Constitución elaborada por Pinochet. Según narra un reportaje de Punto Final, «A partir de circulares confidenciales, Novoa organizó uno de los mayores fraudes de la historia política nacional. Una de ellas, numerada con el 112/6, instruía a los funcionarios públicos a “colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesa, y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales”. Novoa coordinó su trabajo con el subsecretario del Interior, general (J) de la Fach, Enrique Montero Marx.

Miles de fichas de partidarios del régimen, elaboradas en CEMA-Chile, permitieron convocar a los integrantes de las mesas de sufragio. Familias completas de Las Condes, Providencia y Vitacura, así como ejecutivos de bancos y grandes empresas, coparon las mesas receptoras en las comunas populares. En Pudahuel apareció una sorprendente lista de presidentes de mesas: Gloria Arthur Aránguiz, Gloria Morandé Arthur, Josefina Morandé Arthur, Trinidad Larraín Mira, Magdalena Larraín Mira, Luz Larraín Mira, Angélica Lira Peñafiel, Paula Morandé Peñafiel, Verónica Morandé Peñafiel, Ana María Morandé Peñafiel, Isabel Morandé Peñafiel, Francisca Peñafiel Edwards, etc.«.

El artículo también recuerda el paso de Novoa por El Mercurio. En junio de 1982 se instaló en el diario de Agustín Edwards como editor general de informaciones, reemplazando a Arturo Fontaine, quien fue despedido abruptamente.

«En los meses siguientes, Edwards y Novoa concentraron en el periódico a un grupo de ex colaboradores de la dictadura que les ayudarían a sanear las cuentas de la empresa, transformar al grupo de industrial a financiero y regir los destinos políticos y económicos del país en estrecha relación con el general Pinochet y sus asesores (…) a fines de 1983, con el visto bueno de Novoa, se hizo una razzia de periodistas en todos los diarios de la empresa. Cerca de un centenar de profesionales fue despedido por la sola sospecha de tener algún grado de disidencia con la dictadura«, relata la publicación de Punto Final.

En el 2003 Jovino Novoa se vio involucrado en el Caso Spiniak. En aquella época, la diputada RN Pía Guzmán levantó una denuncia que tenía relación con una red de pedofilia encabezada por el empresario Claudio Spiniak. Según la parlamentaria, habían tres parlamentarios involucrados: dos senadores de la Alianza por Chile y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La UDI se querelló contra la parlamentaria por injurias y calumnias, y posteriormente solicitó al juez de la causa que citara a Guzmán para que aclarase la fuente de su denuncia contra sus senadores. En 2004, la justicia falló en contra de Guzmán, afirmando que sus declaraciones no tenían connotación jurídico penal.

Entremedio, Canal 13 emitió una entrevista a la menor entonces conocida como «G.B.» —iniciales de Gemita Bueno— considerada entonces como «testigo clave» en el caso. Según Gemita Bueno, a las fiestas de Spiniak asistía un parlamentario a quien vio desnudo. De acuerdo a sus señas físicas (genitales y una marca en la espalda), se trataba de Jovino Novoa.

En su declaración judicial, la menor identificó expresamente a Novoa como uno de los participantes de las fiestas.

El 12 de agosto de 2004, Gema Bueno confesó en una entrevista al diario La Tercera haber mentido en sus acusaciones a Novoa. Por tal motivo, «G.B.» fue procesada por falso testimonio.

Hoy, Jovino Novoa enfrenta quizás el caso más difícil. Reconoció ante la Justicia el haber emitido boletas maliciosamente falsas a empresas Penta S.A. Banpenta II Ltda y Penta II Ltda por servicios no prestados, con montos previamente acordados con los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Y admitió que lo hizo a través de su firma Inversiones y Mandatos S.A., incorporando a su contabilidad boletas de terceros ideológicamente falsas por servicios inexistentes a título de gastos para así rebajar impuestos. Todo lo anterior, con el objetivo de financiar campañas políticas.

Si bien el panorama pinta gris, el factótum de la derecha sabe que no le entran balas.