En enero de 2014, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de ese servicio (Anercich), Santiago González Sepúlveda, ingresó a la Contraloría General de la República una denuncia en contra de la presidenta del gremio, Nelly Díaz, quien por estos días –a la igual que en 2013-lidera un paro nacional del servicio afectado a millares de usuarios.
El ente contralor se pronunció al respecto el 26 de junio de ese mismo año, asegurando que el dirigente efectivamente se presentó ante ellos haciendo presente que “en el mes de diciembre de 2013 recibió copia de una carta enviada por la Anercich a la Presidenta de la República, en la cual le solicitaba la renuncia de cinco funcionarios de esa repartición por diversas irregularidades que afectarían a dicha institución”.
“Agrega, que dicha misiva registraba 28 firmas, entre las cuales se encontraba la suya, siendo que nunca habría otorgado su consentimiento, ni firmado dicho documento, agregando que solicitó una explicación a la señora Nelly Díaz Delgado, quien le habría respondido con pretextos”, consigna la Contraloría.
El organismo fiscalizador detalla además que González aludió en su denuncia que este hecho le afectó su honorabilidad, infringiéndose el artículo 193 del Código Penal.
En efecto, el documento con la firma falsificada de González y de otros dirigentes nacionales y regionales de la Anercich buscaba presionar para que la Presidenta pidiera la renuncia del director de la época, Rodrigo Durán.
Dos semana más tarde, la Contraloría finalmente contestó que el ente contralor debía abstenerse de llevar adelante una investigación como esa, porque se trataba de una labor que compete al Ministerio Público.
Si bien el Registro Civil denunció el hecho ante la Fiscalía Centro Norte no quiso hacerse parte en ese proceso. Por tal razón, la acusación perdió fuerza y el Ministerio Público decidió que va cerrar el caso.
Una situación que es extraña para los funcionarios del Registro Civil. “Yo vi esa carta, las firmas estaban copiadas y pegadas, las escanearon y las colocaron incluso en una hoja a parte”, aseguran.
Las fotocopias lucrativas
Otra situación que se denuncia en la presentación hecha por el dirigente Santiago González tiene relación con que se está “ocupando funcionarios públicos para sacar fotocopias a los extranjeros que iban a sacar su carnet de identidad”.
El entre contralor señaló al respecto: “Se indica que en las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de esta institución, se sacan fotocopias previo pago de $100 por hoja, a documentos de personas extranjeras que posteriormente serán presentados para la obtención de la célula de identidad o la renovación de la misma. Dicha cantidad, sería cobrada por la señora Gloria Pérez Campos y Katherine Illescas Carvajal, quienes no obstante ser funcionarias del servicio, se desempeñaban como secretarias en la Anercich”.
“Para ello –dice el texto- el dirigente concurrió donde el Director Regional señor Ricardo Olivos, quien también habría constatado el cobro de fotocopias. Además explica que consultó tanto a la Directora Nacional como al Director Regional sobre la existencia de alguna autorización para realizar dicha actividad, ante lo cual expresaron que no habría tal permiso”.
De hecho, el Director Regional Metropolitano dijo que “en lo concerniente a la venta de fotocopias, la impresora Nº 020139 no forma parte del inventario de la Dirección Regional Metropolitana”.
Más tarde, funcionarios de la Contraloría se constituyeron en las dependencias donde constató que la Anercich comercializaba fotocopias.
A juicio de los funcionarios del Registro Civil, esto constituye una falta de probidad, por cuanto “nadie sabe para dónde van los fondos. Personas cercanas a Nelly Díaz aparecen sacando provecho económico con estas fotocopias”.
Consultados por la actual movilización que es liderada por Nelly Díaz, los dirigentes consultados por Infogate señalan que se trata de un “oportunismo” por cuanto “no son los trabajadores los que decidieron este paro. Quien lo ha definido es ella. No ha habido consulta, no ha habido nada”.
Situación que les recuerda lo ocurrido en 2013 –durante la administración del Presidente Sebastián Piñera- cuando la mencionada dirigente levantó una movilización para ayudar al Mandatario.
“Ella es piñerista, recaudó fondos en la Quinta Normal para él. Teníamos prediseñado la movilización del 2013 después de septiembre, pero ella lo adelantó. Todos entendimos que la movilización fue en apoyo del gobierno de Piñera, porque no estaban las plataformas listas, no podían sacar el nuevo carnet de identidad ni el pasaporte”, enfatiza un funcionario del Registro Civil.
Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desencadenaron dos conflictos que, para algunos, fueron “verdaderos Transantiago”. Se trata de los errores e irregularidades cometidas en el Censo 2012 y en el caso del Registro Civil.
A fines de 2011, la empresa francesa Morpho, pertenece al grupo Safran, se adjudicó una controvertida licitación del Registro Civil para desarrollar por 10 años los pasaportes y cédulas de identidad de los chilenos.
Sin embargo, la puesta en marcha tuvo un dramático comienzo el 30 de septiembre de 2013. Por un lado, tuvo que enfrentar un paro de funcionarios del Registro Civil y por otro, la pérdida de aproximadamente 400 cédulas de identidad. A lo que se sumó el extravío de los datos de 900 pasaportes y caídas constantes de su sistema informático.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que el ex mandatario “le quitó” la licitación a la empresa chilena Sonda y se la entregó a la compañía gala.
Las fallas en la nueva plataforma del Registro Civil complicaban al gobierno del empresario: aparecían huellas dactilares repetidas, superpuestas sobre las de otras personas o duplicadas, había confusión en la verificación de identidad a través del sistema fotográfico, entre otros errores.
Entonces entró en escena el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al acoger parcialmente la demanda interpuesta por Sonda S.A. en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Según la entidad, este último infringió el inciso primero del artículo 3º del D.L. Nº 211, al ejecutar actos de autoridad que restringieron la libre competencia en la licitación Nº 594-56-LP08, relativa al “Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación” (la “Licitación”).
El Tribunal impuso al Registro Civil una multa de 200 Unidades Tributarias Anuales y desestimó la solicitud de la demandante de dejar sin efecto, o bien ordenar dejar sin efecto, la adjudicación de la Licitación a favor de Morpho y el contrato celebrado en virtud de dicha adjudicación entre Morpho y el Registro Civil.
Al comienzo del actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se realizaron auditorías en distintos ministerios. La empresa Morpho S.A. aparece en las auditorías realizadas por el Ministerio de Justicia.
