Hace pocos días llamó la atención en los medios, que el proyecto de desarrollar un jardín infantil JUNJI en pleno corazón de la comuna de Providencia fuese rechazado por votación de su Concejo Municipal. La principal razón acusada por quienes se opusieron a la iniciativa, adujo que dicho terreno, producto de su localización, podía redituar mejores ganancias para el Municipio, antes que cederlo para un proyecto social de esas características.
Esta eventualidad abre la discusión sobre la importancia de la localización para acceder a los beneficios, servicios y oportunidades, que ofrece la ciudad. En este sentido, la distancia y la imposibilidad de acceder a éstos, sería un factor clave en dificultar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por lo mismo, no tardamos en preguntarnos ¿Qué rol tendrán en la ciudad los servicios sociales? ¿Dónde los ubicaremos? y ¿Cómo facilitaremos el acceso a la población usuaria de éstos?
Lamentablemente para todos, acceder a la ciudad tiene un precio determinado por el hecho que el suelo urbano es un bien escaso e irreproducible. En este sentido, mientras más atributos posee un lugar, su valor se encarece. Pareciera una obviedad, pero es una variable clave para continuar con la argumentación.
Nuevamente cito el proyecto de jardín infantil en un sector donde la plusvalía de los terrenos es alta, ya que goza de importantes atributos urbanos como la conectividad, comercio, servicios públicos, centros laborales, cultura y áreas de esparcimiento, todos elementos que la población busca tener a su alrededor al elegir dónde radicarse. Tal vez para muchos este servicio social no sería una necesidad en un sector donde en general el nivel socioeconómico de los habitantes no es bajo, sin embargo, dicha aseveración pierde validez, cuando pensamos que la comuna de Providencia es un lugar donde miles de personas convergen diariamente para operar distintos rubros, lo que otorga la rentabilidad social a este tipo de emprendimientos en estas áreas de la ciudad.
Resulta interesante tomar en cuenta un reciente estudio del urbanista Luis Fuentes, del Instituto de Estudios Urbanos PUC, donde se demuestra a través de evidencia objetiva, que las personas que viven en comunas de alta plusvalía o sectores socioeconómicos altos, tienden a tener cortos periodos de desplazamiento hacia sus empleos, ya que el 70% reside en esas mismas comunas. Una diferencia importante, si consideramos que las capas medias y bajas de nuestra sociedad se localizan en zonas donde los terrenos son más baratos, por tanto, sus tiempos de viaje son más largos , lo que obviamente los distancia de la ciudad y sus oportunidades, y dificulta por cuestión de localización las posibilidades de movilidad social. Es decir, el que está abajo le cuesta más subir que al de arriba bajar, perpetuando las diferencias y distancias sociales en nuestro país.
En esta misma línea, el desarrollo de viviendas sociales sigue siendo una de las principales razones de crecimiento de nuestras urbes, tendencia que lleva más de un siglo en nuestro país, puesto en gran parte por las políticas habitacionales del Estado que se han sostenido sobre la libertad del mercado del suelo. En ese sentido, tal vez se ha conseguido sacar de la miseria a miles de chilenos, pero hoy los grandes guetos urbanos de nuestras ciudades también han sido prueba que la institucionalidad pública es la principal responsable de construir pobreza y desigualdad en nuestro país.
Para quien escribe hoy, existen medidas perentorias que el Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales deberían reconsiderar, ya que se han dedicado a la experimentación en la última década, dejando las experiencias como simples programas pilotos sin continuidad.
En primer lugar, la exigencia de integración social para emprendimientos inmobiliarios de consideración en la ciudad, a través de la diversificación de la oferta habitacional en cada uno de estos proyectos. Algo parecido a los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) pero aplicable a menor escala y sectores más céntricos.
Segundo, el uso de terrenos e inmuebles públicos para estos fines, ya que en general el Estado ocupa dichos espacios para hacer caja, antes que privilegiar su uso para fomentar la integración social espacial.
Finalmente, el fortalecimiento real de programas subsidiarios y de incentivos tributarios que permitan que los emprendimientos inmobiliarios, con fines sociales, tengan competitividad en el acceso al suelo urbano.
En definitiva y teniendo en consideración lo mencionado, concluyo que la pobreza y su superación, es en gran parte, una cuestión de localización.
