Un genocida de la historia de Chile ha muerto. No se trata de un adjetivo más hacia el hombre que provocó un sufrimiento sin fin a los familiares y amigos de sus víctimas. El genocidio es, en términos jurídicos y semánticos, el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.
Manuel Contreras actuó en un contexto histórico en el que pudo desatar todo el odio que justificaba la represión a los países de la región durante el período de la guerra fría. Fue hijo intelectual de la Escuela de las Américas, donde se instruía a los militares para desarticular los sueños de cambio social.
Su despiadada acción de asesinatos, de personas hechas desaparecer lanzándolas al mar amarradas con rieles, de aplicación sistemática de salvajes torturas, fue amparada gracias a un entramado institucional que lo mantuvo en la impunidad hasta bien entrada la transición a la democracia.
Ese orden implicó cooptar al Poder Judicial durante demasiados años, conformándose durante la dictadura con burdas explicaciones del Ejecutivo frente a las graves violaciones a la dignidad humana. No es ocioso recordar a las nuevas generaciones que la Justicia rechazaba los recursos de amparo o habeas corpus, única instancia que habría permitido salvar vidas. Se estima, de acuerdo a las investigaciones, que sólo en la Región Metropolitana, más de medio millar opositores tuvieron como último destino el océano Pacífico.
De ello, de la responsabilidad y complicidad personal e institucional de civiles, pocos en el “establishment” quieren hacerse cargo. Contreras jamás habría podido hacer lo que hizo sin la anuencia tácita de quienes tenían el deber de impedirlo, quienes colaboraron activa o pasivamente o callaron.
La detención de Augusto Pinochet en Londres comenzó a cambiar la situación y produjo un lento paso que permitió que los crímenes de lesa humanidad comenzaran a ser investigados, más allá de casos puntuales.
Cuando Contreras comenzó a pagar por sus delitos se construyó una cárcel especial con privilegios, una torcida de mano que indignó a los familiares y organizaciones de derechos humanos del mundo entero.
Quienes cedieron a esa imposición no han explicado por qué lo hicieron, más allá de dejar entrever la razón de Estado, de la cual no existe certeza que la explique y justifique.
El resto de su historia es conocida. Contreras intentó negar todas y cada una de las aberraciones que cometió, salvo una y que es fundamental para la historia reciente de Chile, cuando le dijo en su cara a Augusto Pinochet que todo lo que hizo fue permitido y tolerado por él, su jefe directo. Este último, ni siquiera pagó con un día de cárcel en Chile. Otra deuda gigantesca con el país.
Ambos personajes se ensañaron, especialmente con jóvenes que habían abrazado y querían concretar antiguos ideales de la historia de la humanidad, construir una sociedad más libre, igualitaria fraterna. Contreras y su cúpula en su cruzada no titubeó ni siquiera ante niños y adolescentes, mujeres embarazadas, ante nada. Todo para él tenía el razonamiento de sus maestros de la doctrina de la seguridad nacional.
La muerte del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coloca sobre la mesa una enorme frustración, no sólo por la lentitud de la justicia, las granjerías de la administración del Estado, sino por el pacto de silencio que existe, el cual se ha roto esporádicamente, cuando los sentimientos de culpa de perpetradores o testigos ya no pueden más.
Los familiares de las víctimas no reclaman venganza, sólo verdad, justicia y reparación en todos los ámbitos.
Lo grave es que hasta hoy existe un mutismo institucional para develar demasiados crímenes, que quedó en evidencia con el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. Las graves violaciones a la dignidad humana no se circunscriben a las cometidas bajo la responsabilidad de Contreras y la DINA, estas se practicaron hasta el fin de la dictadura.
El dolor del país se arrastra por décadas. Es hora de hacer caer el muro de la hipocresía, de la indiferencia de quienes tienen en sus manos las herramientas para mitigar tanta barbarie, aunque sea tardíamente. Los puntos de referencia para ese cometido no son otros que el derecho internacional de los derechos humanos.
