Tres han sido las circunstancias que han permitido reabrir el debate sobre el fin de la justicia transicional en Chile, pero con un nuevo elemento jurídico y político en juego: la exigibilidad del derecho a la memoria. Los procesamientos por autoría en el Caso Quemados y la desconfianza de ciertos sectores liberales por el eventual aprovechamiento mediático de la victimización; la polémica sobre la eficacia penal de la propuesta de levantar el secreto de los testimonios del Informe Valech; y, los beneficios militares y penitenciarios que dejó en evidencia la muerte del General Contreras —el mayor criminal de lesa humanidad, según nuestra Corte Suprema— han sido hitos recientes de un cambio cultural y social.
La memoria es un bien jurídico esencial para la protección de la dignidad de las personas, en especial cuando han sido objeto del odio y el aprovechamiento que hacen del Estado sus victimarios. La memoria, por tanto —desde el Holocausto hasta las atrocidades y genocidios cometidos a lo largo de los últimos 60 años en Latinoamérica, Bosnia, Ruanda y Siria, por ejemplo—, ha devenido en una categoría ético, política y jurídica, convirtiendo el recuerdo en un legítimo deber moral, en un antídoto contra la barbarie y el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de la represión. No basta, entonces, denunciar los encubrimientos y las obstrucciones a la justicia ni cabe la tolerancia de la maximización de la libertad de opinión en la que se escudan quienes defienden a los hechores. La memoria no es sólo derecho a la verdad procesal para el individuo, sino un derecho de última generación que detenta el colectivo.
Aunque se avanza hacia su positivización en la ONU, tiene más de una década de reconocimiento jurisprudencial gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La creación del Instituto de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, fueron iniciativas pioneras en nuestro país, aunque insuficientes para un sistema normativo donde se reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional (2009) y existen ministros de dedicación exclusiva a causas de lesa humanidad (2013) .
Una nueva Constitución bien puede abrir la puerta a su consagración como derecho fundamental.
