Ante la crisis en la frontera colombo venezolana, se reclama con razón la potestad que tienen los Estados para la expulsión de extranjeros de sus territorios. Sin embargo, la ejecución de una decisión soberana, se ha convertido en una abierta violación a los derechos humanos y en un desconocimiento de los principios del Derecho Internacional. La desproporción e ilegalidad de los mecanismos empleados para la deportación masiva de colombianos da cuenta de las verdaderas intenciones de Maduro que desde luego no es frenar el contrabando ni contrarrestar los efectos de éste en la economía nacional. El propósito claro es crear un elemento distractor a las causas estructurales de la crisis que atraviesa Venezuela, un conflicto que lo sitúe en el imaginario de los venezolanos como el caudillo que defiende los intereses de Venezuela.
El desespero de Maduro frente a un avance de la oposición que particularmente se ha hecho visible en estado de Táchira lo ha llevado a acudir a todas las figuras de hecho y “derecho”. Cerrar la frontera con Colombia con el argumento desgastado de la seguridad no es más que una forma de ralentizar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Así mismo, decretar un Estado de excepción resulta paradójico cuando en Venezuela lo que es realmente excepcional es el ejercicio de un Estado de Derecho.
Ante el recurso de la deportación, no se trata de limitar la soberanía de Venezuela sino de que el gobierno de Maduro reconozca el carácter inalienable de los derechos humanos. Desde la Comisión de Derecho Internacional de Nacional de Naciones Unidas y el Sistema Interamericanos se han fijado los parámetros para la acción estatal en materia migratoria de modo que la aplicación de sus principios por parte del gobierno venezolano debe hacerse exigible.
Por su parte Colombia ha seguido las vías diplomáticas sin alcanzar aún resultados contundentes. Ante un diálogo bilateral de sordos se ha planteado la necesidad de acudir a las instancias multilaterales, UNASUR y OEA para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, vale la pena preguntarse cuál es el aporte real que estas pueden hacer para llegar a una solución y en consecuencia fijar con prudencia las expectativas frente a las reuniones que se realizarán en el trascurso de esta semana.
Con UNASUR las perspectivas resultan ser bastante limitadas. Su potencial de construir escenarios de cooperación regional y de ser un actor diplomático de articulación sigue desdibujándose. UNASUR convoca pero no concilia, y para esta crisis en particular resulta preocupante que su Secretario General sirva más al oficialismo venezolano que a los intereses de la región.
Ante las falencias de UNASUR, algunos sectores en Colombia han sugerido la salida de este espacio regional. Sin embargo, esta sería todo menos una decisión acertada. Lo que si puede y debe hacer Colombia es asumir una posición contundente haciendo uso de los argumentos jurídicos para velar por la protección de los derechos humanos y recordar que no puede confundir la diplomacia con la no acción ni con los silencios permisivos.
Por otro lado, la OEA tiene el desafío de dar una respuesta tangible a la crisis a través de mecanismos de verificación en el terreno que permitan tanto el diálogo político entre las partes como el trabajo articulado de agencias internacionales para atender las necesidades de la población expulsada en condiciones ilegales y contribuir entre otras a la reunificación familiar. Siempre ante las crisis, el llamado a la OEA soporta la aspiración de quienes respaldan el multilateralismo. ¿Será que esta vez sí dará la OEA una respuesta que demuestre que la Carta Democrática es pertinente y sobre todo funcional?
Es hora de atender los problemas estructurales que dieron origen a esta crisis cuya solución sólo es alcanzable y sostenible a través del diseño y la ejecución de una política integral de frontera. De lo contrario las deportaciones y sus implicaciones sociales y económicas no podrán asumirse como un tema de derechos humanos y continuarán en un despliegue mediático y feria de oportunismos políticos que quieren hacer de la crisis un fortín electoral.
