«Me llama la atención que unos denuncien presiones cuando se van y no antes», dijo la semana pasada el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado por las declaraciones del ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas.

Al respecto, el abogado contestó: «Supongo que sus palabras se deben a la falta de información del caso y no a un intento de manipular los hechos o confundir a la ciudadanía. Porque lo verdaderamente importante es que no se distraiga la atención de lo principal y sustantivo de los hechos conocidos: el intento de instrumentalizar al Servicio y usar la institucionalidad del país, para fines personales o de grupo, por parte de altas ex autoridades de gobierno».

Vergas además detalló que «en relación a los casos Penta y Soquimich, al ver que las presiones ilegitimas sobre el SII, seguían desarrollándose, intervine públicamente para desarmar estrategias de entrabamiento de las investigaciones».

Según el profesional, para forzar el envío de antecedentes contables de Soquimich a la Fiscalía declaró a los medios de prensa que «el SII no podía prestarse a ninguna maniobra que entorpeciera la investigación de delitos por parte del Ministerio Público».

«También sobre las presiones ilegítimas, hice declaraciones en la prensa denunciándolas públicamente, todo ello cuando aún era Subdirector Jurídico del Servicio», prosiguió.

«Cuando fui apartado del cargo de subdirector jurídico envié una carta dirigida a todos los abogados del Servicio, el 1 de junio pasado, la que se hizo pública, explicándoles la situación de grave amenaza al carácter técnico y autónomo que debe tener el Servicio como institución fiscalizadora, producto de los intentos de injerencia política para que sus decisiones se basaran en consideraciones ajenas a sus objetivos legales», narró Vargas.

«Si no efectué una denuncia a la fiscalía, fue solamente porque, en su momento, con la información probablemente incompleta que tenía, no era clara la configuración de delitos en relación con las ilegitimas presiones al Servicio. Ello producto de la deficiente tipificación del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación», explicó el ex subdirector jurídico del SII.

«Un hecho no configure delito, no implica que no sea de la mayor gravedad, como efectivamente lo son», destacó el abogado.

A su juicio, «el estándar ético de actuación no puede estar constituido por la comisión de delitos. Por eso no es suficiente decir, que lo investigue la fiscalia o que los tribunales se pronuncien. El gobierno, los politicos, tienen que hacerse cargo del problema fundamental de las actuaciones que se han denunciado en este caso».

Consultado por las declaraciones del ex director del SII, Michel Jorratt, quien dijo que «si hubieran tenido efecto las presiones Vargas habría sido el responsable, porque estaba a cargo de la Subdirección Jurídica», Vargas señaló:

«Precisamente, porque yo estaba a cargo de la SDJ es que pudieron presentarse las querellas y denuncias que correspondían, contra Penta y Soquimich, a pesar de todos los obstáculos y presiones. Sino, probablemente nada de eso hubiera ocurrido. Y digo esto no para vanagloriarme, sino para enfatizar que sólo es lo que debía hacer como abogado y funcionario público».

De todos modos, «no culpo a Jorratt de esta situación, él fue una víctima de las presiones, y probablemente era muy difícil para él adoptar otra conducta, considerando que las presiones provenían de importantes autoridades del gobierno y altos personeros políticos, que Jorratt me transmitía. Tal vez es difícil la exigibilidad de otra conducta en esas circunstancias. Aún así, en ese escenario adverso, cumplimos con hacer nuestro trabajo».

«El problema de fondo es que hay politicos de todos los sectores involucrados en financiamiento irregular de sus actividades (…) son ellos quienes deben solucionar su problema y no intentar sacar las castañas con la mano del gato. No pueden pretender que el SII haga el trabajo “sucio”, limitando las investigaciones y dejando de cumplir sus funciones, pagando con ello altísimos costos de credibilidad ciudadana. Hay que verdaderamente cuidar al SII, que es una institución importante del Estado y la República», indicó.

«Los políticos implicados en financiamiento irregular de sus actividades, tienen ellos que pagar los costos de su conducta. Que dicten una ley de amnistia tributaria o lo que decidan, y pagar los costos que ello signifique ante la ciudadanía. Pero no pretendan que el SII, les haga el trabajo», concluyó.