Entrega de presuntos archivos secretos que poseerían los detalles de los detenidos desaparecidos, anulación de los pactos de silencio, degradación de condenados, retiro de sus jubilaciones, un nuevo perdón institucional, son las principales demandas que impulsan los grupos y sectores de defensa de los derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos y torturados y que esperan mañana escuchar al Comandante en Jefe en ejercicio, Humberto Oviedo, anunciar en su cita en el Congreso Nacional.

Mientras el Norte del país espera expectante que las Fuerzas Armadas los apoyen con la remoción de las toneladas de barro y lodo que las cubrieren en la pasada del peor frente de mal tiempo de los últimos tiempos, que azotare casi por completo al país, otro grupo de chilenos, entre los que se cuentan familiares y torturados políticos, escoltados por parlamentarios que han hecho eco de sus demandas, esperan expectantes el resultado de la reunión que sostendrá mañana el Comandante en Jefe del Ejército con miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde deberá responder respecto a las interrogantes y decisiones que se le imputan a la Institución.

Distintos actores del acontecer nacional, conocedores del diferente mundo de la defensa nacional, que debe saberse interpretar en lo que tiene que ver con su especial semiótica, han hecho ver que es prácticamente imposible que la Institución mantenga archivos ocultos respecto de los años de represión política, atendida la cantidad de tiempo pasado y lo complicado de mantener ese tipo de documentación guardada, microfilmada o cualquier método que implique hacerse partícipe del ocultamiento de información, que los jueces instructores requieren necesariamente para hacer su trabajo. Las actuales generaciones de militares en servicio activo, poco o nada tuvieron que ver con el Gobierno Militar, del que solo recuerdan las graves consecuencias que tuvo para quienes debieron ejercer funciones en su momento, cuestión que los haría dudar seriamente al minuto de ser conminados a efectuar similares mandatos, lo que extingue prácticamente la posibilidad de otro golpe militar en el país.

Respecto de los pactos de silencio, los involucrados en ellos dejaron las filas hace tiempo y se encuentran insertos en la vida civil, aunque algunos de ellos, por lo que se conoce, siguen sirviendo al Ejército, ahora como asesores externos. Son varios de ellos, los que han sido llamados a declarar en alguna de las causas, sin hasta la fecha, haber sido procesados. Habiendo aclarado este punto, le pregunto al lector: ¿Cómo el Ejército les niega la posibilidad de trabajo si no pesa ante ellos impedimento legal alguno? El propio Ministro de Defensa, quién sufrió la represión política en carne propia, lo enfatizó algunos días: “Aquel procesado es separado de las filas; aquel citado no, salvo cambien su condición jurídica”. ¿Tendría entonces algún efecto real el que el Comandante en Jefe hiciera un llamado a entregar la verdad? Más allá de un efecto meramente mediático ¿cuál sería su resultado? Adivino que Usted que lee estas líneas, puede responderse sin temor a equivocarse.

Las degradaciones de los militares están contempladas en el Código de Justicia Militar, aunque en específicos casos, donde cabría la interpretación jurídica para aplicarse en aquellos condenados por causas de violaciones a los derechos humanos. Resulta del todo conveniente entonces, que para llevarlo a efecto, prospere una iniciativa parlamentaria que tácitamente dispone estas degradaciones. Más, ¿que podría el Comandante en Jefe decir al respecto?. Lo obvio. Que respetará las decisiones que el poder legislativo y judicial, adopten. No existe el escenario donde la máxima autoridad institucional vaya a negarse de cumplir una ley proclamada, puesto caería en grave desacato y en Chile los militares son respetuosos de la legislación. Ya eso lo han dicho varias veces. Desde el perdón de Cheyre a diversas manifestaciones de obediencia, lo han ratificado una y otra vez.

El retiro de sus pensiones también ha entrado en el proceso de discusión. Ya lo dijo el Ex Ministro de Defensa Jaime Ravinet: “se trata de personas que han trabajado treinta o más años” y a los que además les subsiste una familia que ninguna culpabilidad tienen en los hechos que puedan haber cometido. ¿Dónde asimismo quedan SUS derechos humanos? ¿Qué puede decir el Comandante en Jefe al respecto? Lo mismo. No es un tema que a él le competa analizar ni mucho menos disponer. Y el respeto a las decisiones del poder ejecutivo, como frase culmine que asegure la sintonía con sus respectivos mandos políticos.

Pensar en otros escenarios es creer que la Institucionalidad en Chile está fuera de norma y ello no es lo que precisamente ocurre con los militares. No podrían negarse a lo que el Ejecutivo decida y las opiniones personales no cuentan.

Seguramente algunos exigentes reporteros buscarán el esperado punto de inflexión que fuerce el error de Oviedo a expresar sus sentimientos cuando lo que es esperable de él, es la postura institucional, aquella que traspasa a las personas, de una Institución con 200 años de existencia.

El Comandante en Jefe del Ejército, será el día de mañana sometido a una inquisición de respuestas ya conocidas, para satisfacer el ánimo encendido de aquellos para los cuales la frase “ni perdón ni olvido” es la recta de sus acciones.

La reconciliación en Chile tiene aún un largo recorrido que hacer. Es cierto que los perpetradores de delitos no han colaborado mucho para esclarecer los penosos episodios de nuestra historia contemporánea, pero ellos no pueden seguir anexos al Ejército de Chile, que en democracia ha demostrado su valor y voluntad de entrega para con su país, hecho que es ampliamente reconocido por la mayoría de chilenos y chilenas.

Si no me cree, pregunte donde la naturaleza ha dejado caer su furia.