Anoche, la Cámara de Diputados dio un paso adelante en pro de la transparencia pero también dio un «salto olímpico» para atrás al negarse a legislar sobre la idea de hacer públicos los aportes reservados, cuestión que ha estado en la mira de la opinión pública nacional desde que estalló el escándalo Penta y SQM, la iniciativa votada en la tarde noche de este miércoles, se enmarca dentro del proyecto de fortalecimiento de la democracia, aprobado por la Cámara luego de debatirlo en dos sesiones, incluye un sistema perfeccionado de financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos.

Con 97 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 9790) sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, el que ahora será analizado en el Senado, en segundo trámite constitucional.

En la votación en Sala, se rechazó una indicación de los diputados Leonardo Soto (PS), Sergio Aguiló (IC), Hugo Gutiérrez (PC) y René Saffirio (PS), que planteaba hacer públicos los aportes reservados a campañas parlamentarias desde 2003. La norma recibió 39 votos a favor, 5 abstenciones y 53 en contra.

La iniciativa aborda temas como la regulación de las campañas, y termina con los aportes reservados, estableciendo límites de aportes por persona natural y prohibiendo las contribuciones de empresas, tanto a campañas como a partidos políticos.

Tanto la entrega como la identidad de los aportantes serán públicos, realizándose el proceso a través del Servicio Electoral (Servel).

La normativa también rebaja los límites de gasto electoral que podrán realizar los diferentes candidatos en cada elección; regula la rendición de cuentas; y establece sanciones si se superan los gastos permitidos, se reciben aportes irregulares o se utilizan en fines distintos.

El proyecto determina los plazos de propaganda electoral y los tipos que pueden ejecutarse; y para realizar todas esta nuevas medidas se otorgan nuevas atribuciones al Servel, las cuales se complementarán con la reforma que entrega autonomía constitucional a la institución y la ley orgánica que posteriormente definirá sus funciones.

Para financiamiento la propuesta votada contempla: 

1.- Se define un piso y un tope para el financiamiento de los partidos políticos. La propuesta indica que el aporte nunca podrá ser inferior a la cifra en pesos equivalente a 0.04 UF multiplicado por el 40% del total de personas con derecho a sufragio inscritas en el Padrón Electoral que haya utilizado el Servicio Electoral para la última elección de diputados, ni superior a la cifra en pesos equivalente a 0.04 unidades de fomento multiplicado por el 60% del referido total de personas.

2.- Se propone una nueva fórmula para la distribución del 20% del monto total del fondo. La propuesta anterior contemplaba cuatro tramos, mientras que la aprobada ahora apunta a una definición proporcional conforme con el número de regiones en las que estén constituidos. En el caso de los partidos que estén constituidos en la totalidad de las regiones del país, se les distribuirá lo que correspondiere a como si estuviesen constituidos en una región adicional.

3.- Se modifica el artículo primero transitorio para especificar lo que se entiende por actualización del registro, considerando en el punto la eliminación de las personas fallecidas, las que estén inscritas en más de un partido, las inhabilitadas, las que renunciaron a su afiliación y a aquellas cuya inscripción no se hubiere completado. Además, se indica que los partidos podrán solicitar la información al Servel, estando el organismo obligado a responder en un plazo de diez días.

4.- Se introduce un nuevo artículo segundo transitorio que define la obligación de los partidos políticos de reinscribir, en cada una de las regiones en que se encuentren constituidos, a un número de afiliados equivalente al exigido por la Ley 18.603 para constituirse como partido en cada región y determina que el Servicio Electoral tendrá por acreditado el cumplimiento de esta obligación mediante la recepción de las ratificaciones debidamente efectuadas en cada región.

5.- Dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley, los partidos recibirán el total del aporte de las regiones donde estén inscritos a la fecha. Cumplidos esos 12 meses y hasta los 18 meses siguientes a la publicación de esta ley, los partidos no recibirán el equivalente al monto que corresponda a 0.04 unidades de fomento multiplicado por el número de votos obtenidos por sus candidatos e independientes asociados con éste, en las regiones en que no hubieren efectuado la reinscripción. Concluidos los 18 meses, el aporte estatal se verificará conforme a las regiones donde el partido finalmente haya hecho la reinscripción efectiva, quedando dicho aporte como régimen hasta el momento de otra elección.

Contenido optimismo

Tras la votación, el diputado Fuad Chahin resaltó que con este proyecto se generarán campañas más equitativas, «donde el dinero naturalmente que no solo va a estar mucho más regulado o restringido, sino que además el ejercicio mismo de las campañas va a ser más racional». Pero lamentó que se rechazara la indicación que buscaba hacer públicos los aportes reservados de las campañas anteriores.

El diputado Leonardo Soto (PS), en tanto, dijo que “estamos dando un importante paso para terminar con un sistema que fue creado hace 12 años y que, lamentablemente, no ayudó a mejorar la democracia”. “Hoy acabamos con un modelo de financiamiento de campaña que demostró ser perjudicial para los intereses de los chilenos, porque permitía que personas jurídicas o empresas pudieran financiar las campañas de los partidos políticos y de parlamentarios”, dijo Soto

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (Ind) dijo que había rechazado el proyecto por considerar que establece un financiamiento arbitrario. «Nosotros creemos que en esto hay que ser coherentes, y o son todas las organizaciones políticas los que acceden a un financiamiento para poder desarrollar sus actividades o no es ninguno. Pero en este caso establecer arbitrariamente que aquellos que consiguieron una representación popular habiendo sido constituidos previamente, nos parece que casi con el dedo nos están apuntando a los partidos u organizaciones políticas emergentes que lo único que queremos es competir de igual a igual».

En esta misma línea  el diputado Vlado Mirosevic (Ind) dijo que votó en contra del proyecto, porque «si bien desde el origen, y si ustedes se recuerdan, con el diputado (Giorgio) Jackson pedimos un proyecto como este, incluso antes de los escándalos Penta y Soquimich, la verdad es que este proyecto se hizo como un traje a la medida para la Nueva Mayoría y para la Alianza. El financiamiento público se restringió solo para esos dos conglomerados políticos, de tal manera de matar la competencia, de no posibilitar el acceso igualitario para nuevas fuerzas políticas alternativas, distintas».

Respecto al rechazo de la indicación sobre los aportes reservados, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), sentenció que «quedamos en deuda nuevamente en limpiar una parte de opacidad, de reserva de secreto que sigue aún vigente en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante que terminamos hoy con esos famosos aportes reservados pero no obstante sigue el secreto, la reserva sobre algo que debió haberse hoy día terminado».

Según el comunicado de la Corporación, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, agradeció a la Cámara haber aprobado este proyecto «que es demasiado importante para nuestra democracia. En definitiva se trata de que con el dinero de todos, dineros públicos, financiemos la actividad política que afecta los intereses de todos».