Chile está en una situación de “gobernabilidad compleja”. Los casos de corrupción y cuestionamiento ético hacia el sistema político y sus líderes evidencian la inexistencia de una institucionalidad con capacidad de asumir y anticipar la dinámica y evolución de la sociedad, el mercado y el comportamiento de grupos y personas. Ello genera un desfase en la relación entre la ciudadanía y el Gobierno que se refleja en desconfianza y falta de credibilidad. Genera incertidumbre en el manejo político y económico.
Las reformas estructurales planteadas por Bachelet se desarrollan dentro de la institucionalidad, al igual como las medidas anticorrupción y perfeccionamiento institucional. Del mismo modo ha sido propuesto un “proceso constituyente”. Sin embargo, todo ello debe superar la ostensible disminución de legitimidad como consecuencia de la desconfianza instalada en la ciudadanía.
El desafío presidencial se concentra ahora en la definición de una hoja de ruta que le dé sentido y proyección al cambio de gabinete, aprovechando que el conflicto instalado en la sociedad se debate en el marco institucional y no en las calles. El gabinete recién nombrado asegura razonablemente mejores condiciones de diálogo y negociación para alcanzar mayor consenso en las reformas estructurales, pero ello se puede diluir si no hay una hoja de ruta orientada a aumentar la confianza y obtener más legitimidad en el futuro inmediato. La ocasión para conocer esa hoya de ruta es el discurso ante la nación que la Presidenta hará el próximo 21 de mayo. Ahí se espera conocer más del proceso constituyente y evaluar la solidez de la conducción y liderazgo presidencial. Sin ello, la polarización política se instala y la propuesta transformadora puede quedar en manos de minorías radicales.
