El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, junto a los parlamentarios Francisco Chahuán (RN), Álvaro Elizalde (PS), Guido Girardi (PPD), David Sandoval (UDI) y Carmen Gloria Aravena (Evopoli), un proyecto que establece el delito ambiental y sanciona penalmente a quienes atenten contra el medioambiente, afectando la salud de las personas.
Al respecto el senador Girardi señaló que “me parece muy positivo que se transversalice esta iniciativa porque ha habido una negativa sistemática en todos los gobiernos de que en Chile exista una normativa ambiental. Si esta ley ya existiera, por la contaminación de Quintero y Puchuncaví, gerentes de empresas y funcionarios de gobierno ya estarían presos”.
El senador PPD afirmó que ya “hay otras dos iniciativas con el mismo objetivo, vamos a fusionarlas y pedirle patrocinio al Ejecutivo pues espero que en la medida que parlamentarios oficialistas y de oposición presentan esta iniciativa es más viable que se pueda tramitar”.
En otro ámbito, el senador De Urresti se refirió a la postergación de Tratado de Escazú por parte del Gobierno. “El Ejecutivo está mirando más a los empresarios que a la protección del Medio Ambiente”.
Este 27 de septiembre Chile debía firmar dicho convenio internacional en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, que en síntesis fortalecía el rol y participación de las comunidades y organizaciones ciudadanas en conflictos medioambientales.
Sin embargo, el Gobierno decidió postergar la firma de este acuerdo, decisión que tomó por sorpresa incluso a integrantes de organizaciones que concurrieron hasta la cumbre con el objetivo de estar presentes para la firma del acuerdo y se encontraron con la negativa del Ejecutivo.
Pero a la sorpresa siguió la indignación. El senador PS Alfonso De Urresti criticó esta postura. “Esto es un nuevo papelón del Gobierno en materia de Medio Ambiente. El Estado de Chile se ha negado entre gallos y medianoche a un convenio que eleva los estándares de participación y vinculación de la ciudadanía en materia medioambiental”.
Chile propuso esta iniciativa en 2012. Presidió su etapa preparatoria, co-presidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito de este proceso.
“Este es un tratado impulsado por Chile, junto con otros países, que permite establecer un estándar de protección de las comunidades que defienden el Medio Ambiente y creo que es otra pésima señal, que se suma a la desastrosa política medioambiental, primero lo tenemos la crisis de Quintero y Puchuncaví, ayer con la autorización de las tronaduras de Isla Riesco y ahora con este rechazo internacional, esta no suscripción, que es una pésima señal y creo que el Gobierno está mirando más a los empresarios que a la protección del Medio Ambiente”, catalogó el legislador.
