El Senado de la República está en el proceso final de despacho (aprobación) de las llamadas partidas para cada organismo del Estado. Los primeros en despacharse sin mayores reparos los presupuestos para la Presidencia de la República y –era que no- para el Congreso Nacional que sigue teniendo la más baja aprobación ciudadana de todas las instituciones de la República.

Así las cosas el Congreso cuenta con un presupuesto de $118.678.833, que se divide en $83.395.751 millones para operaciones, $11.789.628 para la Biblioteca del Congreso y $1.098.88 para el Consejo de Asignaciones.
La otra partida despachada, la de Presidencia, cuenta con un presupuesto de $19.159.513 en total que se distribuye en $14.555.433.- para Soporte Administrativo; $4.215.173.- para Apoyo a Gestión Presidencial y $387.907.- para Inversión.

Según informa el Senador “el debate estuvo centrado en la necesidad de transparentar los contratos de la Presidencia y otras reparticiones; así como lograr una fórmula de trabajo en el Congreso para asumir la instalación de los nuevos parlamentarios”, señala una nota oficial.

Presupuesto presidencial
Tras dos horas y media de discusión de 9 indicaciones, la Sala del Senado aprobó la partida de la Presidencia de la República, siendo la primera en ser aprobada por los senadores en esta jornada de análisis del erario nacional para el 2017.

El debate estuvo centrado en la necesidad de conocer de manera exacta el tipo de contratación y la calidad jurídica de las contrataciones que se hacen por parte de la Presidencia y otras reparticiones, pues existen muchos funcionarios públicos que prestan servicios a honorarios o a contrata lo que los deja en una situación de desmedro en relación a quienes están suscritos a la planta.

De este modo, se aprobó una indicación que establece que se informará semestralmente, 60 días después de terminado el semestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de los gastos realizados con cargo a estos recursos en el pago de remuneraciones de personal, identificando la totalidad de los trabajadores y la calidad jurídica de las contrataciones.

Al respecto, el senador Alejandro Navarro se refirió a la “precarización” laboral de los funcionarios que llevan años prestando servicios a honorarios o a contrata, mientras que el senador Chahuán insistió en la necesidad de que se cumpla con el compromiso de que el 80% de los funcionarios estén en planta y el 20% a contrata.

En tanto, la senadora Lily Pérez señaló que “el Estado es un mal empleador con los funcionarios públicos que están ahí por méritos y no por compromisos políticos”, lo que fue compartido por el senador Bianchi, quien sostuvo que hace años que vienen pidiendo que el Estado haga un reconocimiento a los trabajadores que están a honorarios.

El senador Juan Pablo Letelier manifestó que uno de cada 4 trabajadores en Chile está vinculado al Estado y dijo que ha habido una tendencia a que si no se contemplan en la planta del respectivo servicio, se están contratando por el Código del Trabajo. En tanto, el senador Pizarro explicó que este año se han pasado 4 mil funcionarios de honorarios a contrata y que se espera que el próximo año sean cerca de 8 mil.

El senador Carlos Montes planteó que es fundamental resolver el tema previsional de estos funcionarios, lo que fue compartido por los senadores García Ruminot, Guillier, Tuma y Lagos quienes señalaron que se debe sincerar la relación que tiene el Estado con sus trabajadores.

Tras ese debate, también se aprobó una indicación que obliga a enviar una copia del protocolo interno de respaldo de información de los computadores.

Los famosos “Gastos Reservados”
Otro de los aspectos que se debatió en extenso fue la forma en cómo se rinden los gastos reservados de la Presidencia y otros ministerios. Ello a raíz de dos indicaciones presentadas por el senador Navarro y Prokurica, respectivamente, que busca que los gastos reservados sean rendidos en forma detallada y reservada ante el contralor general de la República.

Tales indicaciones fueron rechazadas con 3 votos a favor y 18 en contra, pues primó el criterio de que la ley, tal como está redactada, establece de manera adecuada la forma en que deben rendirse tales recursos.

El senador Baldo Prokurica señaló que en la Presidencia son 1.700 millones que se destinan a este ítem lo que significa un promedio de $5 millones diarios. Aclaró que no se quiere terminar con los gastos reservados pero sí mejorar la forma en que se rinden.

Por su parte, los senadores Navarro, Letelier y Harboe manifestaron que los gastos reservados son necesarios para determinadas reparticiones que tienen funciones críticas y que la ley da los resguardos necesarios para su rendición. Los senadores Pérez Varela y Coloma manifestaron que los gastos reservados han ido disminuyendo sostenidamente y se establece de forma clara su rendición.

Así se aprobó la llamada “Indicación 32: Informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de los gastos realizados en capacitaciones en temas de género, derechos y lenguas de los pueblos indígenas, lengua de señas, tratamiento de personas con discapacidad visual y motriz, derechos de la niñez y adolescencia, atención de los requerimientos de adultos mayores, inmigrantes y diversidad sexual”.

Platita para el Paralemento
Luego, se abordó la Partida (02) Congreso Nacional, comenzando con “la indicación 73, respuesta por el Ejecutivo, la que tras un arduo debate, fue retirada para «mejorar el marco jurídico y lograr acuerdo entre la Comisión de Régimen y Fiscalía, para alcanzar total transparencia», sentenció el Ministro Valdés”, señala una nota oficial del Congreso.

La propuesta en cuestión planteaba la constitución de «una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, destinada a la promoción y difusión de la ciencia, el arte y la cultura, la que podrá recibir aportes en dinero, servicios o especies de todo tipo de organismos públicos o privados. Asimismo, el Senado podrá transferirle recursos hasta por la suma de $212.126 miles».
Las denominadas indicaciones 74 y 75 fueron despachadas por 14 votos a favor, ambas repuestas por el Ejecutivo y que dicen relación, entre otros, al ítem Asesoría Externa Senadores, en $1.477.221 miles; incremento asignación Asesoría Externa Comités, en $1.309.903 miles y la reducción del Saldo Final de Caja, en $2.787.124 miles.

Posteriormente se dio paso a la indicación 90, la que concitó un amplio debate entre los parlamentarios quienes, además hicieron alusión al nuevos sistema electoral proporcional, con el que se aumenta el número de diputados y senadores y en la oportunidad se había acordado no aumentar los costos para este fin, materia que fue cuestionada por varios parlamentarios.

Finalmente, la propuesta fue despachada por 21 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones y se precisa que ‘El ministerio de Hacienda conformará un equipo de trabajo encargado de elaborar un informe destinado a determinar la distribución de recursos para iniciar el ejercicio de la función parlamentaria a partir del periodo legislativo que se inicia el año 2018. Para dichos efectos el informe deberá identificar detalladamente el uso de estos recursos y las fuentes de financiamiento de los mismos, precisando la contribución que para su financiamiento debería efectuar cada cámara de la corporación. El informe a que se refiere se elaborará recogiendo la opinión de ambas cámaras de la corporación y deberá estar concluido a más tardar en el mes de julio del año 2017 (…)».