Este miércoles un nuevo escándalo de colusión que afecta a los consumidores sacude el mercado nacional. Primero fueron los pollos, luego las farmacias y ahora el papel “confort”. Este cartel, según la Fiscalía Nacional Económica (FNE) habría operado por lo menos durante 10 años. Investigación similar en Colombia alertó a Chile.

Las marcas que participaron de esta colusión fueron Elite, Confort, Noble, Nova y Abolengo, por parte de la CMPC; y Favorita y Magiklin, por el lado de PISA.

Esta nueva “pillería empresarial” fue descubierta y denunciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento en el cual acusa a las empresas CMPC Tissue (Grupo Matte) y SCA Chile (ex PISA) de coludirse por más de 10 años para controlar el precio de productos como papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables.
De acuerdo al requerimiento presentado por la FNE, ambas empresas son acusadas de «celebrar y ejecutar acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y de fijar precios de venta de sus productos tissue, que comprenden papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales, desde el año 2000 hasta, a lo menos, diciembre del año 2011».

La FNE comenzó la indagatoria en diciembre de 2014 y sostiene que la acción de las empresas afectó «el mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suaves o tissue en el canal de venta masivo».
Según información proporcionada por la Fiscalía informa que en marzo de 2015, la CMPC solicitó «acogerse al beneficio del programa de delación compensada al reconocer haber ejecutado conductas anticompetitivas». También SCA ex PISA pidió, el 7 de octubre pasado, y según la documentación de Fiscalía se ampara en estar «reconociendo haber participado en un acuerdo con CMPC para determinar los precios y participaciones de mercado».

La trama
La colusión comenzó en el año 2000, cuando la empresa Distribución y Servicios S.A., hoy Walmart, lanzó al mercado la marca ACuenta, destanndo una «guerra de precios» que motivó los primeros contactos entre Gabriel Ruiz-Tagle, entonces dueño de PISA, y Jorge Morel Bulicic, gerente general de CMPC en ese año. Los acuerdos, según consina la información judicial, se realizaron en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo. Teletrece, por su parte, reveló otros antecedentes como que los ejecutivos usaron un cuartel de Bomberos para reunirse y un sistema de correspondencia documental camuflado de «parte de matrimonio».

Los ejecutivos de CMPC y PISA «acordaron subir los precios, poniendo término a la guerra de precios existente y, en adelante, mantener estables las participaciones de mercado de ambas empresas, utilizando los porcentajes que cada empresa tenía antes que estallara la guerra de precios», sostiene la denuncia la FNE.

La Fiscalía Nacional Económica también acusa que «los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud», lo que se refleja en actitudes como el evitar el envío de información en formato digital, la creación de cuentas de correo electrónico falsas, compra de celulares de prepago y que los «ejecutivos de CMPC llegaron incluso a deshacerse de computadores arrojándolos al canal San Carlos» en diciembre de 2011.

La FNE establece que la sanción «a aplicarse en casos de ilícitos anticompetitivos, debe considerarse, entre otras circunstancias, la gravedad de la conducta y el beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción». Pero, como ambas empresas se sometieron al beneficio de la delación compensada, la Fiscalía «no solicita imposición de multa respecto de CMPC», independiente de lo que la Justicia a posterior pudiera determinar.

Para SCA la Fiscalía Nacional Económica solicitó una multa de 20 mil Unidades Tributarias Anuales (10 mil 367 millones de pesos) y que ambas compañías cancelen «las costas de esta causa».