En la página web de la constructora Molival se destaca el hecho de que la empresa, por estos años, ha logrado asentarse en el mercado y “contar con el capital suficiente para ofrecer sus servicios a diversos entes estatales«.

Y lo dice con datos de peso. Su dueño, el Teniente Coronel del Ejército, Rodolfo Molina Hermosilla, da cuenta de los trabajos que realizó la firma durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Se trata de las obras para Gendarmería, como por ejemplo la construcción de escalas de emergencia para el Centro de Detención Preventiva ubicado en la comuna de San Miguel en 2012, que significó un monto de $204.018.678; o la construcción de estructura de albañilería en dependencias del Centro Penitenciario Femenino de Santiago en 2012 que significó un monto cercano a $195.166.176.

Destacan a demás los trabajos realizados por Molival en Talca, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) y en Punta Peuco. Este último, consistió en la construcción de una multicanchas e  instalación de containers, por un monto de $213.827.158.

Aparece también la pavimentación de hormigón afinado de y la construcción de un muro perimetral de hormigón armado en Colina II, y otras obras hechas nuevamente en el  Centro Penitenciario Femenino de Santiago y en el Centro de Detención Preventiva.

La lista la cierran los trabajos realizados en 2010, 2011 y 2012 en los CDP de San Miguel y Puente Alto, los que sumados significaron un monto cercano a los $650.000.000.

De acuerdo a lo que aparece en Chile Proveedores, el giro de Movival es “obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros) otros tipos de transporte no regular de pasajeros, servicios suministro de personal, empresas servicios transitorios)”. Cuyo representante legal es Rodolfo Alfredo Molina Hermosilla. Y cuyos clientes son: Ejército de Chile, Escuela Militar, CIDOC, Hospital Militar de La Reina.

Llama la atención, entre los datos que aparecen respecto a él, un oficio ingresado el 14 de julio de 2014 a la Cámara de Diputados relacionado con “los proyectos aprobados en los concursos de donaciones con fines deportivos desde el año 2010 a la fecha, de las empresas y/o particulares que han donado en virtud de la Ley Nº 19.712”.

Allí aparece Rodolfo Alfredo Molina Hermosilla donando al Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio del Deporte.

El nombre de Rodolfo Molina Hermosilla además aparece en un dictamen de la Contraloría General de la República, emanado el  17 de Abril de 2014.

En este documento, el ex uniformado reclama por la aplicación de una multa por atraso de 65 días en el término de las obras que debía ejecutar en el marco del contrato, a suma alzada, denominado “Obra N° 4: Reposición y/o ampliación de Red Húmeda C.D.P. San Miguel (segundo llamado)”, suscrito con Gendarmería de Chile.

El ente contralor estimó pertinente -en aquel caso- requerir la instrucción de un proceso sumarial tendiente a esclarecer los hechos relativos a la situación y hacer efectivas las responsabilidades administrativas que pudieren surgir en relación con la materia analizada.

Ver otros contratos Gendarmería 1 y Gendarmería 2

http://html.gendarmeria.gob.cl/doc/transparencia/ley20285/doc_2009/otras_compras/doc/1311.pdf

Otra situación vinculada con Rodolfo Molina Hermosilla se escapa al campo de lo que hemos estado recapitulando y tiene que ver con la muerte del joven cabo del Ejército, Orlando Morales, en 2002.

Los padres de Morales recordaron así los hechos: «Me comunicaron que mi hijo se había matado la noche anterior con su pistola, en el departamento de soltero que habitaba en Santiago, debido a un fuerte estado depresivo. Conociéndolo, me pareció muy extraño. Luego de darnos la noticia, el paramédico Alex Rebolledo nos suministra medicamentos. La patrulla se apodera de las llaves de la casa y dejan con candado el portón. Nadie podía entrar, excepto mis hijas, pero con retención de su carné. No nos dejaron salir tampoco. Yo lo intenté, pero Molina con una pistola me hizo retroceder. Nos mantuvieron así, secuestrados por nueve horas hasta que llegó el féretro«.

Ese día, el teniente coronel Rodolfo Molina Hermosilla, superior directo de su hijo, tiene como misión retener a toda una familia en su propio hogar. La idea según el padre de Orlando era impedir que salieran a retirar el cuerpo de su hijo al Servicio Médico Legal (SML), puesto que nunca estuvo allí. En realidad estaba en el Hospital Militar.

Finalmente, el cuerpo llegó cerca de las 20 horas en una urna sellada Y fue dejado bajo la prevención de no abrirlo. Sin embargo, los familiares descerrajaron la urna.

«Lo que sí había eran heridas de tortura. Sus manos estaban destrozadas, tenía heridas de electricidad y corvo. A mi hijo lo amarraron y seguro que la golpiza se les fue de las manos y, como ya no tenía remedio, fingieron un suicidio«.

Las evidencias fueron grabadas y fotografiadas y fueron parte del proceso que condujo el juez titular del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Pablo Droppelmann.

Pese a todas las evidencias el caso fue cerrado.

Cabe recordar que en abril de 2015, el comandante en jefe del Ejército de Chile, general Humberto Oviedo, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se den a conocer los nombres de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que continúan trabajando en la institución.

La acción judicial fue interpuesta en contra de una resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la información a requerimiento de El Ciudadano.

Uno de los tantos agentes de la CNI que a la fecha cumplen funciones en el Ejército, es el funcionario civil Héctor Cáceres Orellana, quien se desempeña en el Comando de Salud como asesor de contabilidad.

El nombre es conocido por la familia del cabo Orlando Morales Pinto, asesinado en extrañas circunstancias en 2002 tras denunciar irregularidades en el Comando de Salud del Ejército (Cosale)

Junto con Héctor Cáceres, al momento de la muerte de Orlando se encontraba activo otro personaje vinculado a los servicios de inteligencia de Pinochet: Álvaro Guzmán Valenzuela, entonces director del Cosale.